No es era lo que se esperaba

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue contundente y hasta lapidaria: “Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar”. Sin embargo, la CIJ reconoce que Bolivia nació con una costa marítima y que el Tratado de 1904 no ha solucionado una demanda pendiente y que el fallo no impide que ambos Estados sigan dialogando en la búsqueda de soluciones a la demanda marítima boliviana.

Desazón, frustración, llanto, incertidumbre se apoderaron de los bolivianos debido a que el Gobierno nos había dicho que a partir del 1º de octubre flamearía la bandera tricolor en las costas del Pacífico, que había que mantener la unidad en torno a la reivindicación marítima, que el país cambiaría su derrotero. Mentira total, demagogia y apasionamiento de nuestras autoridades de gobierno que asumían una mentalidad de vencedores antes del fallo.

Paradójico también, que el presidente y su entorno no acepten el fallo del CIJ, argumentando que hay contradicciones, que se parcializaron en sus decisiones favoreciendo al invasor, que la CIJ asumió la aplicación del positivismo del derecho, que los jueces son setentones y prefieren el statu quo, es decir, un fallo que encoleriza a los gobernantes que creyeron en un fallo favorable a Bolivia. Nada de eso esperaba el pueblo boliviano.

Por su parte la oposición hizo conocer una posición crítica al Gobierno que ya cantaba victoria y pedía que el Estado chileno respete y cumpla el fallo de la CIJ. Ahora la oposición busca culpables, busca conocer la cantidad de recursos económicos invertidos en la demanda marítima, frente a un decreto supremo de confidencialidad que molesta a la oposición, además, pide renuncia del Presidente y sus principales colaboradores, al punto de señalar que Evo Morales ha sepultado definitivamente la esperanza de recuperar el mar con soberanía y dignidad.

Los partidarios del MAS señalaron que Evo Morales es el único presidente que tuvo la valentía de encaminar con decisión la demanda ante una corte de justicia, olvidando que otros gobernantes asumieron la reivindicación marítima a su turno, en dictadura militar o en democracia. En el gobierno de Germán Busch, 1937-1939, el héroe de la Guerra del Chaco planteó la necesidad de usar la ruta de acceso a las aguas del océano Atlántico conocido como Puerto Busch, proyecto de máxima prioridad que ahora surge como propuesta para dejar los puertos chilenos –Arica e Iquique– que por el momento son las únicas vías de comunicación con los países de ultramar.

Por otra parte, lo tratado en el Abrazo de Charaña, 1975, entre Hugo Banzer y Augusto Pinochet no se concretó porque había de por medio un canje territorial, una de las mejores posibilidades de acceso al mar a lo largo de nuestra historia diplomática. Asimismo, la Resolución de la Organización de Estados Americanos en 1979 –un logro diplomático de Walter Guevara Arce–  de respaldo para dar al país una conexión territorial libre y soberana al océano Pacífico, quedó en punto cero a causa del golpe civil-militar de Alberto Natusch Busch. Luego vino el acuerdo de Boliviamar de 1992, de Jaime Paz Zamora con el gobierno del Perú.

Finalmente, la posición del gobierno chileno que expresa la mejor voluntad para dialogar, conversar y resolver problemas en el marco del respeto de los tratados vigentes, el respeto de su territorio y de su soberanía, que ahora nos deja en total desamparo político y jurídico.

No era lo que Bolivia esperaba. A empezar todo de nuevo.

El autor es periodista y docente universitario