Expertos: Acciones posincendios buscan liquidar los ecosistemas
Expertos del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) y de la fundación Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma) acusaron al Gobierno de no realizar las gestiones necesarias para apagar los incendios en la Chiquitanía y denunciaron que el objetivo oculto de los planes posincendios es terminar de “liquidar los ecosistemas” afectados para sustituirlos con tierras de agronegocio.
Además, el Cejis espera que se resuelvan dos demandas en el ámbito nacional para plantear una petición de violación de los derechos ante la CIDH.
Leonardo Tamburini, abogado e investigador del Cejis, señaló a Los Tiempos que “lo que nosotros estamos viendo aquí es que se están haciendo todas las gestiones para no apagar los incendios y, por el contrario, los bosques que están siendo afectados para terminar de convertirlos a la agricultura, a la ganadería o a otro tipo de monocultivo comercial bajo la política de reforestación”.
“La reforestación (posincendio) de la que se habla en realidad esconde la liquidación de los ecosistemas y la sustitución por bosques implantados de producción comercial, como, por ejemplo, especies que se aprovecha para la industria de papel, para aceites y otros insumos que son ‘commodities’ a nivel internacional”, precisó.
La fundación Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma), a través de su director Miguel Crespo, afirma que fuertes presiones desde Brasil y del sector agroindustrial de Santa Cruz han derivado en incendios forestales en la Chiquitanía, como parte de una estrategia geopolítica del agronegocio que pretende atravesar esta región con la hidrovía industrial Paraguay-Paraná, señala un reporte de ANF.
“No es casual lo de los incendios; la producción de soya está detrás, promovida por políticas agroextractivistas”, señaló al asegurar que la CAO y Anapo van presionando para dos eventos de soya que no miran territorios, la biodiversidad, no ven la vida.
Tamburini informó que se reunieron con la relatora de derechos económicos, culturales y sociales de la OEA, a la que se entregaron todos los antecedentes.
“Se ha solicitado una audiencia para las próximas sesiones que se inician en febrero para poder presentar una petición, pero debemos esperar que se agoten los recursos en la justicia boliviana”, dijo.
Hay dos acciones que se presentaron, una popular que fue rechazada y la otra de inconstitucionalidad del Decreto Supremo 3973.
CEJIS PROMOVERÁ DENUNCIA A CIDH
El investigador del Cejis Leonardo Tamburini explicó a Los Tiempos que existen elementos para denunciar al Estado ante la CIDH por los incendios en la Chiquitanía.
Estos elementos son “la no declaratoria de desastre, la adopción de normativas que van contra el derecho al medio ambiente, derecho de la naturaleza y contra la naturaleza, y los derechos de los pueblos indígenas que han perdido prácticamente, casi sin condiciones de bosque donde desarrollaban su vida, reproducían su cultura, bueno además cumplían un conjunto de soluciones ambientales para su vida material”. Esto se tiene preparado, pero se espera agotar vías nacionales.
