El gobierno de los negociados

Los hechos, luego de la asunción de la presidente Añez a la presidencia del Estado, nos van mostrando, casi a diario, episodios novelescos respecto de situaciones en las que se van develando supuestos hechos de corrupción cuyos partícipes fueron funcionarios del anterior gobierno. Y es que más allá de la cotidianidad y de las vicisitudes tan propias del quehacer diario, la ciudadanía ha tomando y va tomando conocimiento de denuncias que salen a luz pública, en las que se sospecha de obras con sobreprecios, desvío de recursos en época de campaña electoral, abuso y vulneración de la ley Safco y avasallamiento de su alcance –a través de un método de contratación, anclado en decretos supremos, que permitía contrataciones millonarias por excepción y sin control alguno–, cohecho activo y cohecho pasivo, ubicación de familiares de jerarcas del exrégimen en puestos de la administración pública, direccionamiento de contratos con entidades y empresas estatales para favorecer a particulares, obras sin ninguna utilidad social y efectiva diseñadas y ejecutadas únicamente para lograr ventajas a favor de particulares, desvío de recursos públicos para favorecer la contratación de extranjeros –como el abominable caso de los médicos cubanos–, libertinaje en el control del narcotráfico, permisibilidad con la presencia de extranjeros en el país –alguno de los cuales traía como antecedente vinculaciones con grupos irregulares–, más permisibilidad con la ausencia de control fruto de la presencia de empresas como Pdvsa y participaciones societarias en empresas públicas sin aporte de capital, y un largo etcétera que está dejando perplejo a todos los demócratas bolivianos.

Queda claro una vez más, que uno de tantos argumentos para ser contrario a la reelección indefinida, abanderada por Evo Morales de una manera inaceptable bajo el formato que el populismo malsano del socialismo del siglo XXI ha tratado de encasillar en Latinoamérica, es precisamente que los gobiernos que acuñan este mal e ilegal hábito, optan por abusar de tal manera del poder, que el dinero público se transforma en dinero particular, lo que genera de manera inevitable, despilfarro y malversación.

De ahí que la inexistencia y falta de funcionamiento efectivo de los sistemas de control en el funcionamiento del Estado haya dado lugar a la creación de una especie de reinado donde la opulencia que exteriorizaba la =====nomenklatura==== insultaba a un país que precisa de un formato de administración pública diferente.

Como muestra, nada más habrá que subrayar el uso y abuso de viajes presidenciales con el costo que ello representa, o un museo que no ayuda ni a la salud y menos a la educación o a la historia e, incluso, ese mamotreto construido detrás de Palacio Quemado en una muestra de irrespeto a las necesidades más básicas de la gente en Bolivia. Todo este panorama –resumido si consideramos que muy bien pueden haber muchos otros aspectos que deben ser puestos a conocimiento público, a investigación y a juzgamiento por autoridades judiciales imparciales– da cuenta de que la democracia liberal fue y es sabia y que, tarde o temprano, la ley se impone.

La “Revolución de la Pititas” fue por tanto, la antítesis del denominado proceso de cambio instaurado por el MAS únicamente como parte de una estratagema para cooptar el poder –se ha visto– con plazo indefinido.

Termino aquí. Los principios de alternancia en el ejercicio del poder, separación de Órganos del Estado, respeto al Estado de derecho asentado en la independencia de dichos órganos, son ciertamente aspectos que forman parte de la institucionalidad que debe ser inherente a todo Estado moderno y a toda sociedad civilizada. Por tanto, más allá del buen trabajo que el gobierno lleva a cabo y de que no todos los vinculados funcionalmente al masismo en el régimen pasado actuaron al margen de la ley, la novela de la cual somos espectadores, recién comienza.

El autor es abogado