Avasallan reservas y el INRA prevé autorizar asentamientos en 4 mil ha
El ingreso ilegal de grupos supuestamente afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) al Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá y a la Reserva Forestal Guarayos advierte del retorno de serios conflictos por la tenencia de tierras en Santa Cruz.
Los pueblos nativos Guarayos denuncian que los avasalladores pretenden tomar parques, reservas y tierras originarias incluso con el uso de armas de fuego, mientras que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene previsto la autorización de resoluciones de asentamientos en 4 mil hectáreas solamente en el primer trimestre de 2021.
El 12 de febrero, el municipio de San Ignacio de Velasco promulgó una ley para la creación del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, cuya extensión bordea el millón de hectáreas. Pese a ello, el alcalde de esta comuna, Moisés Salces, denunció que un grupo de avasalladores afines al MAS ingresó a la reserva. Advirtió que los pobladores del lugar harán respetar su espacio de conservación.
Del mismo modo, la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos de Guarayos (Copnag), en una carta enviada al presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, José Carlos Gutiérrez, denunció que personeros del Gobierno nacional, como el director nacional del Viceministerio de Tierras, Elías Tejerina, dirigentes de la Central Única de Trabajadores Campesinos y otras personas conocidas como traficantes de tierras, planifican y amenazan con avasallamientos en tierras originarias.
La misiva dice que mencionadas personas sostuvieron una reunión en Ascensión de Guarayos, el 13 de febrero, y discutieron acciones para concretar el avasallamiento, “incluso amenazaron con utilizar armas de fuego para asegurar la toma de nuestras tierras”.
Abuso a originarios.
Según el exdiputado y presidente de la Asociación Departamental de Derechos Humanos Santa Cruz, Víctor Hugo Velasco, los asentamientos humanos de personas ajenas a estos territorios están retornando con la anuencia del Gobierno nacional. Incluso menciona que Tejerina manifestó públicamente que no solamente tomarán tierras fiscales, sino parques naturales y predios privados.
Velasco denuncia que se planifican estas acciones sin respetar los territorios de las poblaciones guarayas y chiquitanas, dado que “se está trayendo gente de otro lugar”.
También dijo que los asentamientos se dan con el aval del INRA y que prueba de ello es que esta entidad empezó a funcionar en el municipio de San José de Chiquitos.
Nuevos asentamientos.
El informe de rendición de la gestión 2020 del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, señala que el INRA “está realizando estrategias para evaluar y reactivar el proceso de dotación de tierras fiscales a favor de las comunidades indígenas originarias campesinas de diferentes organizaciones sociales, a través de un plan de redistribución controlada a favor de las familias más necesitadas, toda vez que se cuenta con solicitudes que no fueron atendidas en su debido momento”.
El documento también menciona que se tiene programado la emisión de Resoluciones de Asentamiento de 4.000 hectáreas a nivel nacional en el primer trimestre de la gestión 2021.
Los Tiempos buscó la postura del director nacional del INRA, Eulogio Núñez, respecto a las denuncias de avasallamientos y las nuevas autorizaciones de asentamientos humanos, sin embargo, en la unidad de comunicación informaron que él se referirá al tema entre el martes y miércoles.
Anulación
El pasado 6 de febrero, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informó, a través de comunicado, que se determinó la anulación de titulaciones emitidas sin respaldo legal del Gobierno de transición a personas extranjeras o ajenas a las comunidades.
Durante el Gobierno de Jeanine Áñez se entregaron más de 96.550 títulos a nivel nacional. La exautoridad dijo que los títulos estaban paralizados a raíz de la negligencia del Gobierno de Evo Morales.
EXPERTO: USAN LA LEY PARA BENEFICIAR A GRUPOS VINCULADOS AL GOBIERNO
JOSUÉ HINOJOSA
En un escenario de nuevos avasallamientos y conflictos por la tierra, el director de la Fundación Tierra Regional Oriente, Alcides Vadillo, lamenta el uso de la ley como instrumento para beneficiar a grupos vinculados a quienes ejercen el poder.
Vadillo dijo que durante el Gobierno de Evo Morales se distribuyeron tierras fiscales a favor de los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que durante el Gobierno de Jeanine Áñez se titularon miles de hectáreas a favor de sectores empresariales validando propiedades con más de 5 mil hectáreas “en un uso descarado del poder en beneficio de los sectores que están encaramados en su administración”.
Según el investigador, en ambas administraciones se repite la siguiente lectura: “Estamos nosotros en el poder, por lo tanto podemos hacerlo y la ley y las instituciones están a nuestro favor”.
No obstante, Vadillo dice tener la esperanza de que el actual director del INRA, Eulogio Núñez, no entre en este tipo de juegos, ya que es una persona respetuosa de la legalidad y la institucionalidad.
El septiembre de 2020, el entonces viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, informó que el 95 por ciento de los 1.500 asentamientos autorizados durante el Gobierno de Morales tenían irregularidades, por lo que se evaluaba su reversión. Actualmente esos asentamientos fueron ratificados.
CHIQUITANÍA PERDIÓ 20% DE HUMEDAD
Según Alcides Vadillo, en los últimos 15 años la región de la Chiquitanía perdió entre un 15 y 20 por ciento de humedad a consecuencia de la deforestación. Considera fundamental mantener una pausa en la dotación de tierras para evitar que se convierta en una zona árida.
