GIEI pide promover actos para reconocer a víctimas de Sacaba
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó ayer su informe final sobre las vulneraciones de derechos humanos durante 2019 en el puente Huayllani, en Sacaba. Los expertos recomendaron sanciones para los responsables y descartaron uso de armas por parte de los manifestantes.
Previo a la presentación del informe, se realizó un minuto de silencio por los fallecidos durante los enfrentamientos.
Patricia Tapattá, integrante del GIEI, fue la encargada de exponer los capítulos del informe. “El informe está organizado en ocho capítulos, tiene muchos datos, entrevistamos a más de 400 personas, víctimas, familiares de víctimas, testigos, funcionarios, miembros de la Policía, expolicía, miembros del ejército y una serie de personas que podían acercarnos información”, dijo.
Por su parte, el experto Julián Burger destacó algunas recomendaciones en relación a los hechos de Sacaba. Primero, señaló, la petición al Gobierno de implementar un plan de reparación integral a todas las víctimas de los hechos de 2019. Segundo, crear un mecanismo para asegurar la implementación del plan con todos los actores. Tercero, promover actos públicos para reconocer la dignidad de las víctimas. Y cuarto, “la urgencia de investigar, de manera efectiva, exhaustiva y con inteligencia todos los derechos de las víctimas, para asegurar un juzgamiento e incluso sanciones contra los responsables de los hechos de violencia, que son documentados ampliamente en el informe”, sostuvo.
Por su parte, el investigador Juan Méndez sintetizó la relación de los hechos ocurridos en Huayllani en 2019 descartando uso de armas de los manifestantes.
“La investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Producto de los disparos, nueve personas resultaron fallecidas y una décima quedó con graves heridas que provocaron su muerte en junio del año siguiente”, indicó.
Sin embargo, el informe de acciones desarrolladas por parte del jefe de equipo de la Fuerzas Armadas (FFAA), presentado al Ministerio Público el 12 de diciembre de 2019 sobre la intervención militar durante los conflictos acaecidos en Huayllani el 15 de noviembre del mismo año, refleja que los militares no portaban armas letales.
Asimismo, informó que el GIEI “no encontró pruebas de que los manifestantes hicieran uso de armas de fuego o que amenazaran la vida de otros manifestantes, de los efectivos de la Policía o de las FFAA presentes”.
Méndez acotó que investigaron varias hipótesis, entre ellas la denuncia de que los disparos salieron de los mismos movilizados, “pero con todas las evidencias desmitificamos mucho de los que se dijo tanto en Sacaba como en Senkata sobre disparos entre manifestantes”, añadió.
El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, murieron 10 personas luego de enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes. Hay al menos siete sindicados por el caso.
Exigen extradición de López y Murillo
El exsargento de la Policía Ismael Marquina recibió el informe del GIEI en Sacaba y pidió, con apoyo de los presentes, la extradición de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.
“Queremos pedirles a nuestras autoridades la extradición de Murillo y de López y que sean enjuiciados en nuestro país. Hemos sido pacientes, no hemos entorpecido la investigación”, manifestó.
Murillo se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero proveniente de la corrupción en la compra de los gases lacrimógenos. López está en Brasil.
