Pacto por la justicia

El modelo de justicia del MAS, que ha impuesto en los últimos 15 años, no sólo no ha resuelto los problemas estructurales del Órgano Judicial, sino que ha resultado un fracaso total. Hay una profunda insatisfacción de la sociedad con la actuación judicial, y el creciente déficit de legitimidad de este poder del Estado. Todo este estado de cosas no es nuevo ni exclusivo del MAS, pero es verdad que el “proceso de cambio” no ha cambiado nada la centenaria organización “colonial”, “centralista” y “presidencialista” del Órgano Ejecutivo, que busca la concentración del poder a como dé lugar en el gobierno.

La decadencia de este Estado se debe al modelo hiperconcentrado, que no sólo se resiste a devenir un régimen autonómico, sino que también viene a ser una de las principales causas para que Bolivia sea uno de los países más atrasados y con menos perspectiva de crecimiento y desarrollo en el continente. Mucho gobierno y poco Estado se refleja en el crónico abandono de las fronteras, el florecimiento del contrabando y la informalidad de la economía, el crecimiento del narcotráfico, los linchamientos salvajes, el incumplimiento sistemático del derecho; por ello incluso se habla de un Estado “fallido”, Estado “forajido”, etc.

En el actual Estado “fallido” y decadente no puede brillar (ni brillará) la justicia y aunque la Constitución y los pactos internacionales proclamen su independencia —dado el crónico centralismo republicano y plurinacional—, falta mucho para que podamos hablar en realidad de un Órgano Judicial verdaderamente independiente. Las limitaciones presupuestarias, la falta de institucionalización de la carrera judicial, el uso impropio del juicio de responsabilidades respecto de los magistrados, la persecución o judicialización de la política, etc. han estado entre los mecanismos más usados para someter al Órgano Judicial. En un sistema democrático, los pesos y contrapesos tienen que funcionar para que ni la Asamblea Legislativa sea superior al presidente del Estado, ni éste sea superior al judicial, ni el Órgano Judicial sea superior a ambos.

La concentración del poder erosiona el sistema democrático, el pluralismo político, la independencia judicial, la transparencia de la cosa pública y promueve la corrupción. El Gobierno ha copado igualmente la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, que hasta hace algún tiempo tenían independencia, y gozaban de la confianza y la credibilidad de la ciudadanía.

En realidad, sin independencia no habrá imparcialidad y un Órgano Judicial sin estas garantías básicas, no sólo degrada la institucionalidad democrática y genera pobreza, miseria y la ley de la selva, sino además pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado. Otro de los grandes problemas centenarios del Órgano Judicial es la retardación y la corrupción que erosionan el sistema judicial; además, todas las reformas judiciales —unas con más intensidad que otras—, han buscado liquidar estos problemas estructurales, pero no sólo que no se han obtenido los resultados que se buscaban, sino que el remedio ha resultado peor que la enfermedad.

La Constitución de 2009 no sólo se limitó a cambiar el nombre del Consejo de la Judicatura por el de Consejo de la Magistratura, sino que recortó sus atribuciones históricas, pues a título de “descolonizar la justicia” eliminó la potestad administrativa. Así, el control administrativo y económico ha vuelto implícitamente al Órgano Ejecutivo. El legislador constituyente parecía convencido y esperaba que el Consejo de la Magistratura tenga que resolver la profunda crisis estructural que arrastra la justicia desde siempre; sin embargo, no sólo que no se han obtenido los resultados que se esperaban, sino que los problemas se han agravado aún más y lo peor es que no existen señales concretas y positivas de que esto cambie a corto plazo.

Con la finalidad de restablecer la independencia judicial y la institucionalidad del Estado constitucional de derecho y el sistema democrático, urge un gran pacto por la justicia, con la participación de las fuerzas políticas representativas, la Iglesia católica, las universidades, los colegios de abogados, los gobiernos municipales, los cívicos, entre otros, y el acompañamiento de los organismos internacionales.

El autor es jurista y ha escrito varios libros