La elección del Defensor
Sin que termine el proceso de elección del nuevo Defensor del Pueblo, ya se han conocido numerosos tropiezos, sobre todo vinculados a lo que conocemos hace mucho: la intención del partido de gobierno, el MAS, de controlar esa institución, que es determinante en el esquema de control y equilibrio de los poderes públicos, pero también en la fiscalización del pleno ejercicio de los derechos humanos en el país.
En efecto, la Defensoría del Pueblo es una institución constitucional, introducida en el país en 1994 con las reformas a la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, establecidos no solamente en la Constitución sino también en los tratados internacionales a los cuales se ha adherido el país.
Sin embargo, se ha desnaturalizado la función de la Defensoría del Pueblo. Si bien son muy bien valoradas las gestiones de la desaparecida Ana María Campero, la primera en ocupar estas funciones, o del extinto Rolando Villena, son lamentables los desempeños del penúltimo y de la actual funcionaria que hace mucho ocupa interinamente el cargo, porque han sido notorias sus deficiencias, caracterizadas por una inactividad calculada y un silencio ante las violaciones de derechos humanos, que han resultado muy funcionales a los abusos del poder.
En el actual proceso de elección, que debe poner fin a un interinato nocivo, también es notorio que el poder no quiere perder el control de la Defensoría del Pueblo y que hace todo lo posible por nombrar a un funcionario que no haga ni diga nada.
El oficialismo ha aprobado ya un reglamento que contiene un veto que vulnera derechos humanos y constitucionales al definir como causal de inelegibilidad el “no haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto ni en la ruptura del orden constitucional”. Nótese que esta limitación afecta a quienes fueron funcionarios del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez o a los activistas contra el fraude de noviembre de 2019. Pero lo más lamentable es que tal disposición esté en línea con la narrativa del inventado “golpe de Estado” del expresidente y jefe cocalero Evo Morales.
Los legisladores oficialistas también se han mostrado reacios a privilegiar un método meritocrático para la adecuada selección de los candidatos, entre otras medidas que contribuirían a la selección de un profesional idóneo y de comprobada carrera en la defensa de los derechos humanos, al parecer con la aviesa intención de favorecer de antemano a alguien que cuenta con la simpatía del poder. Lo que puede paralizar la pretensión de contar con una Defensoría del Pueblo favorable al poder es que se necesitan dos tercios de los presentes, es decir, un acuerdo de consenso entre el oficialismo y oposición, para el nombramiento.
El mejor Defensor es aquel que limita y cuestiona los excesos del poder y no el que, en esos momentos, mira al costado, por lo cual la oposición jugará un rol determinante en la elección de este funcionario clave para la democracia.
