Una posición clara
Los Tiempos ha establecido una posición clara con respecto a la artera y nociva campaña de asfixia económica que se ha aplicado en su contra: no se dejará doblegar. Es decir, este diario está consciente de que el propósito de estos ataques es cercenar el derecho a la libertad de expresión y dejar que esta acometida siga su curso afectará no sólo al diario, sino también a la sociedad y, en consecuencia, a los fundamentos de la democracia.
No es solamente que este diario rechaza el uso político y arbitrario de la pauta publicitaria pública, lo cual vulnera la Constitución Política del Estado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque es instrumentalizada como un mecanismo para premiar a aquellos medios que reproducen, como correas transmisoras, el discurso del poder y castigar a aquellos que practican un periodismo independiente, crítico y que busca informar y denunciar los excesos y abusos del poder, sino que fundamentalmente ha denunciado que se aplican medios indirectos que vulneran, como expresa el citado Pacto de San José, el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión.
Hemos identificado esos medios indirectos: fiscalizaciones impositivas, una tras otra, con el fin de establecer cargos y penalizaciones; fiscalizaciones de la autoridad empresarial del Estado, AEMP, con el mismo fin y también presiones de la justicia sumisa al MAS. La empresa, como cualquier otra, sabe que debe cumplir sus obligaciones tributarias, pero las penalidades derivadas de las inusuales, por lo frecuentes, y draconianas fiscalizaciones son millonarias y la ponen en una situación complicada. Esta estrategia de acoso y de asfixia se ejecuta con el fin de lograr el traspaso del control de la compañía a un empresario vinculado al MAS, quien ha demostrado que puede manipular tales medios indirectos y, además, interponerse en la venta de los bienes improductivos que posee la empresa editora de Los Tiempos, con el inequívoco fin de impedir que mejore la situación financiera del diario y, en consecuencia, consolidar la propiedad a su favor, para transformar al periódico en una caja de resonancia del poder.
La aplicación de estos medios indirectos de presión, como expresa el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que es vinculante para el país, vulnera el derecho a la libertad de expresión. Y se configura una situación incompatible con los principios y valores de un Estado Constitucional de Derecho, en el cual los medios informativos tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Al restringir la libertad de expresión de un medio, también se lesiona el derecho de las personas a recibir información.
Por tanto, está plenamente justificado que este periódico sostenga que no lo van a doblegar. Al mantener una posición firme contra la campaña de asfixia, también protege el derecho de las personas a recibir información diferente a la que difunden los medios oficiales y los paragubernamentales.
