Fiscalía investiga a Boluarte y Castillo por lavado de activos
El Ministerio Público de Perú anunció que ha ampliado una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del 2021.
La investigación es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra Boluarte, Castillo y el empresario Henry Shimabukuro, que ha declarado ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidenta durante la campaña de 2021.
En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República en una fórmula junto a Boluarte, que aspiraba a la Vicepresidencia.
La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2021, precisó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una «oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas”.
“No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte», señaló su despacho a través de Twitter en alusión a las recientes denuncias de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral.
Moción de destitución
El último domingo, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y obtener a personas cercanas en altos cargos públicos.
Sobre estas acusaciones, la Presidencia de la República comentó que “si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno”.
La esposa de Castillo no será encarcelada
El juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró “fundada la nulidad” del pedido fiscal, que fue presentada el pasado lunes por los abogados de la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes y sus hermanos Walter y David. “En consecuencia se declara improcedente el requerimiento de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público”, remarcó el magistrado.
Justiniano detalló que la Fiscalía debió solicitar primero que se revoque la orden de comparecencia simple dictada hasta el momento a los investigados antes de pedir directamente la prisión preventiva. El juez remarcó, sin embargo, que su resolución “deja a salvo el derecho del Ministerio Público” para que pueda volver a formular los requerimientos judiciales “que considere pertinentes”.
Tras conocer la decisión, el representante fiscal anunció que iba a presentar una apelación “en el plazo correspondiente” y los abogados defensores manifestaron su conformidad. Lilia Paredes asistió de manera virtual a la audiencia, aunque solo fue requerida para que acredite su nombre completo.
