CIDH critica asfixia a medios y concluye que la justicia no es independiente
En su informe preliminar que contempla siete temáticas, tras su visita a Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó la asfixia económica hacia algunos medios de comunicación y “discursos estigmatizantes que pueden alentar a la violencia”, además de deplorar la falta de independencia de la justicia en el país.
El informe habla de la asfixia económica en el punto referido a la “libertad de expresión”. Los otros temas son inclusión, derechos económicos, discriminación, violencia de género y falta de acceso a la justicia.
“La CIDH nota la relevancia y despliegue de los medios de comunicación administrados por el Estado y su importante financiación, que contrasta con la crisis de sostenibilidad de los demás medios, así como reportes sobre cuestionamientos a la distribución de la pauta oficial”, mencionó la primera vicepresidenta de la comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
La comisión refiere que se observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa, pero que también recibió la información sobre falta de condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia. La CIDH dijo también que le preocupa la escalada de agresiones a periodistas en los últimos años, particularmente en Santa Cruz.
Desde la llegada al Gobierno, el MAS ejecutó una serie de acciones contra medios de comunicación que mantienen independencia, entre ellos la “eliminación de pauta electoral”, persecución a través de impuestos, entre otros.
En agosto de 2022, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación en torno a “una campaña de asfixia económica y presión política” denunciada por Editorial Canelas S.A. En ese contexto, la CIDH en su visita in loco pudo corroborar tales extremos.
“A raíz de la violencia, se presentaron distintos episodios de autocensura e, incluso, la interrupción de transmisiones de medios de comunicación y el cese de despliegue noticioso mientras transcurrían asuntos de interés público por temor a ataques. Pese a la gravedad de estos hechos, persiste la impunidad y falta de investigación y persecución de los agresores por parte de la justicia”, refiere el informe.
Sobre la situación de los presos políticos en el país, la CIDH expresó que no era el escenario para tocar el tema.
“Éste no es el espacio para determinar si existen o no presos políticos; ése es un tema muy complejo que requiere mayor información y una evaluación por el pleno de la comisión”, dijo el comisionado Joel Hernández.
Calificó como “prematuro” pronunciarse sobre la situación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, o de la expresidenta Jeanine Áñez.
“La comisión da seguimiento a la situación jurídica, tanto de la señora Áñez como del señor Camacho, pero espera el momento procesal oportuno para una valoración jurídica y poder determinar responsabilidades internacionales”, aseveró Hernández.
Hernández asegura independencia
El comisionado Joel Hernández asegura que la imparcialidad de la CIDH no está comprometida por su participación en un evento gubernamental referido a la crisis de 2019. “La imparcialidad de la Comisión no está, no estuvo ni estará comprometida. Seguimos fieles a nuestra naturaleza de autonomía e independencia”, sostuvo. Agregó que “en ningún momento la comisión se ha pronunciado sobre las elecciones de 2019”, pero sí se dedicó a “velar” por la “vigencia de los DDHH de todas las personas”.
Falta de independencia judicial y crisis carcelaria
La CIDH, en su informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, evidencia que existe falta de independencia judicial. “La cuestión estructural que afecta a la sociedad boliviana toda entera es la falta de acceso a la justicia, por dos razones: la primera, falencias normativas y debilidades institucionales, y la segunda, por la ausencia de independencia judicial”.
“En Bolivia, históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno; falencia sobre la que coincidieron todos los actores entrevistados durante la visita”, indica una parte del informe preliminar.
Esta situación determina largos procesos penales, reiteradas extensiones de detenciones preventivas, personas con sentencias cumplidas sin orden de libertad y dificultades para la obtención de beneficios de libertad anticipada, por lo que considera necesidad de una reforma judicial.
También observa que 47% de los jueces no son de carrera, el presupuesto precario y el 217% de hacinamiento carcelario.
