Graves casos de violación a los Derechos Humanos permanecen en la impunidad

Durante 12 días, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal Baños, permaneció en pleno invierno paceño en una terraza, sin acceso a ningún tipo de servicios y hostigada por un grupo paralelo afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) que tomó las instalaciones de manera violenta.

Pese a la avanzada edad de la activista, 84 años, y al allanamiento de la Apdhb, el Gobierno se mantuvo indiferente ante la vulneración de los derechos humanos de Carvajal, bajo el argumento de que se trataba de un conflicto entre privados.

La vulneración de derechos humanos preocupa a los activistas que ven el interés del Gobierno de copar la Aspdh y la Defensoría del Pueblo dejando en indefención a la ciudadanía. Chaparina, La Calancha, Takovo Mora, Caihuasi y hotel Las Américas son algunos casos más graves de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en los últimos 17 años, todos impunes, señalan dos analistas.

En 2011, la represión policial se ensañó contra unos 1.500 marchistas entre hombres, mujeres y niños que participaron en la 8ª marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en Chaparina, Beni. La represión dejó más de 100 heridos, unos 200 detenidos y varios niños y niñas separados de sus padres y madres.

Los jefes policiales señalaron como responsable al entonces ministro de Gobierno y expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) Sacha Llorenti, quien luego fue expulsado de la Apdhb por los hechos de Chaparina. A 12 años de la brutal violencia, no hubo sanción para los autores intelectuales de estos delitos de lesa humanidad, pero tres jefes policiales fueron condenados en julio de 2022 a dos años y ocho meses de prisión. Para el activista Franco Albarracín, los sucesos de Chaparina fueron una violación flagrante a los derechos de los indígenas porque hubo “tortura secuestro y traslado involuntario”.

Para el analista Marco García, la violencia contra los pueblos indígenas tiene su origen en la política extractivista “salvaje y depredadora que está conduciendo irremediablemente a la desaparición de comunidades y a la degradación y destrucción del medioambiente”.

La Calancha

Tres universitarios muertos y casi 400 heridos fue el resultado de los hechos de La Calancha durante el choque entre ciudadanos y policías el 23 y 25 de noviembre de 2007 en Chuquisaca. Fue durante las negociacio nes de la Asamblea Constituyente, cuando el tema de la capital plena fue excluido.

Los hechos provocaron un escenario de violencia y enfrentamientos entre organizaciones cívicas y políticas en contra de sectores afines al partido oficialista y el clima de tensión derivó en los enfrentamientos en el puente de La Calancha, allí la Policía disparó contra la gente. “Hubo un uso desmedido de la fuerza y crueldad en condiciones evidentemente desproporcionales porque las víctimas se encontraban en indefensión, por lo tanto, hubo una masacre”, señala Albarracín. Si bien hay cuatro investigados en este caso, el exministro de Gobierno Alfredo Rada y tres exjefes policiales, ninguno de ellos fue sentenciado hasta ahora.

Caihuasi

En agosto de 2008, durante los enfrentamientos entre policías y mineros que bloqueaban la carretera principal en la ciudad de Oruro, en Caihuasi, más de 30 personas fueron heridas y dos personas fueron asesinadas al recibir impactos de bala. Los hechos descritos fueron ejecutados con una evidente brutalidad porque los mineros estaban en desventaja frente a los policías.

“Hubo ejecuciones extrajudiciales que fueron perpetradas en una misma situación, tiempo y lugar, donde las víctimas se encontraban en un estado de desamparo y desprotección”, asegura el activista.

Hotel Las Américas

Durante la madrugada del 16 de abril de 2009, un grupo de élite de la Policía ingresó al hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz y disparó a tres personas que murieron en el lugar: Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Mi chel Dwyer. De acuerdo con la versión oficial, las víctimas formaban parte de una célula terrorista cuyo objetivo era atentar en contra del Gobierno del entonces presidente Evo Morales.

Albarracín explica que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) menciona que las cámaras de seguridad del hotel fueron apagadas un día antes, así como el internet, además se eliminaron los videos y registros del hotel, La CIDH emitió su informe y emitió cuatro recomendaciones que el Estado boliviano debe cumplir.

Takovo Mora

El 18 de agosto de 2015, la Policía reprimió brutalmente el bloqueo de los indígenas del pueblo Guaraní de Takovo Mora por la consulta previa antes de iniciar actividades hidrocarburíferas en sectores donde está ubicado el Bloque el Dorado que afecta al área rodeada por el Territorio Originario Indígena Campesino Guaraní de Takovo Mora, en Santa Cruz.