Gracias al amparo constitucional, ocho ministros se salvaron de ser interpelados en las siguientes semanas
Gracias al amparo constitucional admitido por la Justicia, siete ministros evitaron ser interpelados y se salvaron así de la posibilidad de ser censurados: María Nela Prada, de la Presidencia; Franklin Molina, de Hidrocarburos; Rubén Méndez, de Medio Ambiente; Eduardo Del Castillo, de Gobierno; Édgar Montaño, de Obras Públicas; Iván Lima, de Justicia; Sabina Orellana, de Cultura; y Marcelo Montenegro, de Economía.
La decisión de evitar interpelaciones con ayuda de la Justicia empezó a idearse por parte del oficialismo tras la censura al ministro Del Castillo, que renunció por ese hecho y fue luego ratificado por el presidente Luis Arce a fines de junio pasado.
Dicha censura se logró con los votos del ala evista del Legislativo más los de los diputados y senadores de los partidos opositores Creemos y Comunidad Ciudadana. El gobierno temió entonces un "efecto dominó", que hubiera alentado la interpelación de otros ministros.
Tras la censura a Del Castillo, el siguiente que debía acudir a un acto de interpelación era el ministro Lima, pero el vicepresidente David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa, emitió una resolución para suspender hasta el 4 de octubre de este año.
Sin embargo, esa era una decisión que solucionaba parcialmente el problema, ya que había varios otros ministros en "lista de espera" citados por el Legislativo, dijeron fuentes a Brújula Digital.
Fue entonces que el oficialismo presentó, mediante el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, una acción de amparo constitucional para que sea revisado el derecho del Legislativo a realizar interpelaciones y pese a que aquello está presente en la CPE, el vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel Campero, aceptó la demanda y presentó una consulta al Tribunal Constitucional, proceso que podría demorar meses o años en ser resuelto. Por lo tanto quedó suspendido de facto el derecho del Legislativo de fiscalizar a los ministros.
La oposición denunció airadamente esta nueva limitación a la libertades democráticas y derechos de la oposición y del Legislativo y varios de sus representantes anunciaron un juicio por prevaricato contra el magistrado Campero.
