Mercado y justicia

El sistema judicial juega un papel fundamental, mediante la aplicación y la interpretación del ordenamiento jurídico nacional, para garantizar el desarrollo económico. El Banco Mundial considera que los mercados requieren una judicatura (léase tribunales) que pueda resolver, rápidamente y a bajo costo, los litigios sobre contratos y derechos de propiedad. Introducir reformas legales y judiciales es esencial para promover y garantizar los mercados y el desarrollo económico sostenible.

El mercado necesita un sistema judicial efectivo, útil para la actividad del intercambio comercial, que garantice acceso seguro, resultados predecibles en tiempos razonables y soluciones adecuadas. Según el experto Luis Pásara, la conexión entre justicia y crecimiento económico resulta atractiva para entidades que trabajan en el área, acaso porque parecía proveer de legitimidad a su tarea. Una directiva de (Usaid, la agencia de cooperación internacional de EEUU) mostró públicamente que, a comienzos del nuevo siglo, exigía reformas a la justicia que promuevan y garanticen el comercio, la inversión y la globalización. 

El mercado boliviano necesita que el Estado analice, actualice y modernice la normativa laboral, que data del año 1939 y fue elevada a rango de Ley en 1942. El decreto reglamentario data del año 1943, y el código procesal del trabajo del año 1979. En estos más de 80 años se han aprobado disposiciones constitucionales y legales, decretos y resoluciones ministeriales, y una copiosa jurisprudencia constitucional (en muchos casos contradictoria), que ha terminado generando inseguridad jurídica para los trabajadores y los empresarios.

Los empresarios exigen que el Estado proporcione seguridad jurídica para poder trabajar y ponerle el hombro al país. Y debería aprobarse una flexibilización tributaria hasta que la economía se recupere y existan evidencias concretas de su reactivación. La mentada seguridad jurídica condiciona, en efecto, la inversión nacional e internacional. Nadie en su sano juicio trasladará parte de su capital y buscará trabajar en procura de acrecentar su patrimonio en un país, salvo que existan unas determinadas condiciones económicas, políticas y sociales.

La seguridad jurídica no funciona sola, sino que debe estar acompañada de una serie de condiciones objetivas y subjetivas preestablecidas. El Gobierno debe generar las condiciones básicas que supone todo emprendimiento empresarial. Un país inseguro, que vive permanentemente amenazado, bloqueado, con predios rurales avasallados, un sistema impositivo perverso, etc., no es el terreno fértil para la iniciativa privada, menos para realizar inversiones internacionales.

Urge entonces que el Gobierno cambie su discurso antiliberal y ofrezca certidumbre y confianza. Es verdad que existe una normativa como la Ley para promover las inversiones, la Ley de conciliación y arbitraje, entre otras, que necesitan ser desarrolladas para canalizar el ingreso de “capitales frescos” y así contrarrestar los efectos perversos de la caída de los precios internacionales de los productos que exportamos.

La necesidad de sostener y aumentar el crecimiento económico exige no sólo una apertura de la economía sino también su promoción a todo nivel y fuera de nuestras fronteras. Los gobiernos del MAS tendrán que darse cuenta de que una economía cerrada —como la que se ha venido imponiendo—, no funciona precisamente porque bloquea “la iniciativa privada y flujos de capitales externos” y así no se puede contrarrestar el bajón o caída de nuestras exportaciones.

En la era de la globalización ningún país puede estar al margen de los grandes mercados económicos y financieros. La Cuba socialista, por ejemplo, no sólo ha decidido abrirse a la inversión extranjera a objeto de dinamizar su agonizante sector productivo y hacer crecer a su debilitada economía, sino que tiene una Guía del inversionista, con el propósito de brindar ayuda al extranjero que muestre interés por realizar negocios en la isla. Los acuerdos de protección al capital extranjero tienen que actualizarse, incluyendo cláusulas favorables al inversor.

En toda esta cruzada económica es imprescindible tener también un Órgano Judicial creíble, independiente, imparcial y competente, porque en sus manos está la mentada seguridad jurídica. La defensa real de los recursos humanos (los trabajadores) y el capital económico (los empresarios), exige una modernización igualmente del Ministerio del Trabajo y de la justicia laboral, de modo de generar seguridad jurídica y riqueza para combatir la pobreza, que debe ser un objetivo estratégico del Estado boliviano.