Evo alega enfermedad y juez fija otra audiencia para el viernes
La audiencia cautelar contra el expresidente Evo Morales por un caso de trata de personas fue postergada ayer hasta el viernes, 17 de enero.
La defensa alegó que Morales padece de una bronconeumonía que le impide trasladarse desde el trópico de Cochabamba hasta Tarija.
El juez Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer, Nelson Alberto Rocabado, dio además un plazo de 48 horas a Morales para presentar valoraciones médicas especializadas.
Según el certificado médico presentado por la defensa de Evo Morales, éste padece de bronconeumonía y necesita “reposo absoluto”.
“Se ha presentado un memorial adjuntando un certificado médico forense, a través del cual se aduce que dicho ciudadano (Evo) se encuentra imposibilitado de trasladarse de un lugar a otro. Ha presentado diferentes patologías en su salud y la más importante que se ha podido certificar es una bronconeumonía”, explicó el juez Rocabado a los medios.
Reclamos
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, pidió dejar de colocar “chicanas” en el proceso para que Morales pueda responder ante la justicia. Para la valoración médica, pidió la participación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
En tanto, para el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el certificado médico que presentó la defensa de Morales para suspender la audiencia, es de “dudosa procedencia”.
Para el diputado Alberto Astorga, de CC, Morales recurrió a “chicanerías judiciales”. “Está reconociendo en principio que ya es un político caduco, un político viejo”.
El jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, dijo que Morales debe responder ante la justicia como un boliviano más.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó ayer que Morales debería ser declarado en rebeldía y se le debería dictar arraigo, luego de que no se presentara a declarar en el caso de trata de personas.
Declaratoria en rebeldía
Consultado por Los Tiempos, el abogado penalista Marco Quiroga señala que, cuando el imputado o procesado no comparezca por causas debidamente justificadas que respondan a circunstancias de fuerza mayor y si no ocurre esta justificación, la determinación jurisdiccional debiera ser inmediata con la determinación de la rebeldía y sus emergencias.
Según Quiroga, todo el proceso debería durar seis meses.
