Malos policías
“Ya tenemos cerca de una decena de efectivos que han sido dados de baja. No es un tema que nos enorgullece, pero nos hace reflexionar de cuantos más malos policías teníamos al interior de la Policía”, decía, hace seis días, el Ministro de Gobierno.
Varios efectivos policiales fueron denunciados y/o detenidos, entre otros casos, por torturar a un inocente, integrar una banda de ladrones de autos, extorsionar a la víctima de un robo y apropiarse de su dinero y hasta de proporcionar un arma de fuego a un recluso de Chonchocoro que asesinó con ella a otro.
La preocupación del Ministro, autoridad máxima de la Policía Boliviana en virtud de una ley de 2021, evidencia las dificultades que encuentra el Gobierno para ejercer su autoridad e imponer transparencia en esa institución imprescindible en cualquier Estado, cuyo cuerpo de funcionarios, tan necesario como hermético, está manchado por los actos delictivos de muchos de sus efectivos, de todos los rangos.
Los policías dados de baja el primer mes de este año “son oficiales, suboficiales o sargentos que no han salido durante nuestra gestión, no han adquirido nuestra ética y moral, y han sido formados en gestiones anteriores donde lamentablemente la Policía Boliviana, en Gobiernos anteriores, era olvidada”, agregaba el titular de la seguridad interna del Estado.
Estudios sociológicos y encuestas constatan de manera científica el oprobio y la desconfianza del ciudadano común hacia los policías: desde subtenientes recién egresados hasta al simple agente de parada que detiene a cualquier motociclista sin casco, para dejarlo ir a cambio de un billete recibido con disimulo y pedido con descaro, pasando por otros generales, coroneles y demás efectivos.
Al parecer el patrón de conducta que origina ese desprestigio comienza en las instituciones donde se forman los agentes del orden, como la Academia Nacional de Policías (Anapol), donde en enero de 2019 se descubrió una red de corrupción que alteraba las pruebas de admisión a la Anapol y otros institutos a cambio de cobros a los postulantes, lo que provocó el encarcelamiento de dos generales y otros nueve efectivos implicados en el caso.
El mismo año, pocas semanas después, un coronel fue imputado por cobros ilegales relacionados con los destinos de sus subalternos.
¿Confiarán los policías en sus camaradas? Difícil saberlo. Pero el ciudadano común sí sabe que la desconfianza en el trato con ellos es prudente y razonable.
Y el Gobierno no puede ignorarlo: todo intento de reestructurarlo ha fracasado frente al sólido bloqueo institucional verde olivo.
Difícil y urgente tarea la de eliminar la delincuencia y el crimen de aquella institución consagrada a combatirlos. Gigantesco trabajo, para cualquier Gobierno, erradicar la corrupción de un cuerpo fundamental del Estado.
