'Pequeño J' no se acogerá a la extradición simplificada y complica a la justicia argentina
Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como 'Pequeño J', rechazó someterse a la extradición simplificada, para responder ante la justicia argentina, por el asesinato de tres mujeres en ese país. Durante la audiencia de prisión preventiva, el Poder Judicial peruano consultó al acusado de 20 años si se sometió a esta figura jurídica; sin embargo, el detenido no pudo dar una respuesta por sí mismo y pidió consultar con su abogado.
Uno de los policías de la comisaría de Chilca entregó voluntariamente su celular para que Valverde haga una llamada telefónica a su abogado, Marcos Sandoval. Luego de al menos cinco minutos, 'Pequeño J' dijo: "No me someto a la extradición".
Ante esta negativa, el magistrado de la sala judicial de Chilca contestó: "Vamos a dejar constancia entonces que no se acoge a esta salida de extradición simplificada o de voluntaria. Dicho ello entonces, defensa técnica, tiene el uso de la palabra a absolver lo postulado por el Ministerio Público".
La extradición simplificada implicaba la aceptación libre y voluntaria de aceptar ser trasladado a Argentina para enfrentar los cargos en su contra por homicidio agravado con las agravantes de alevosía y violencia de género.
Si se acogía a esta figura, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ya no tenía que realizar una audiencia para calificar y determinar la correspondencia de la extradición solicitada por Argentina. Solo hubieran enviado el cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia para que el Gobierno proceda a oficializar la extradición.
La detención de 'Pequeño J' ocurrió al sur de Lima tras un operativo coordinado entre la Policía Bonaerense y la dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú. Tony Valverde era buscado internacionalmente, señalado como presunto autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela. Las autoridades lo interceptaron cuando planeaba reunirse con su colaborador Matías Agustín Ozorio en una plaza de Los Olivos.
La investigación indica que Pequeño J se desplazó ilegalmente desde Bolivia y utilizó varios métodos para evadir controles policiales, incluyendo tres celulares y diferentes chips, además de viajar oculto en camiones tras bajarse del micro. Fuentes del caso sostienen que su detención fue posible al monitorear sus dispositivos de comunicación, localizándolo cuando se dirigía a su reunión pactada la noche de su aprehensión.
La hipótesis principal es que Pequeño J no solo habría planeado los asesinatos, sino que también habría participado en la difusión en tiempo real de los hechos a través de redes sociales, buscando enviar un mensaje a través del horror experimentado por las víctimas. El operativo policial llevó a la detención de nueve personas, entre ellas Ozorio y varios integrantes relacionados con la logística y ejecución de los crímenes. Estas capturas ocurrieron tanto en Argentina como en Perú y Bolivia.
Según la reconstrucción del caso, las víctimas abordaron el vehículo de los agresores creyendo que irían a una fiesta, pero fueron llevadas a un destino fatal. Pruebas como fotografías y mensajes en redes sociales forman parte central del expediente, así como testimonios que señalan el uso de elementos personales y consumo de tusi. El comando policial encontró indicios de que los femicidios fueron trasmitidos en vivo, ampliando la magnitud del crimen.
Actualmente, Pequeño J enfrenta la solicitud de extradición a Argentina, aunque no aceptó un proceso simplificado, lo que podría dilatar su traslado. El fiscal a cargo del caso mantiene la acusación formal contra él y su entorno más cercano, sosteniendo que la banda pretendía consolidar su control en el negocio narco en zonas clave. La justicia evalúa también los lazos internacionales del grupo y su estructura operativa, mientras la causa sigue abierta.
