Fiscalía envía al Legislativo denuncia contra los magistrados prorrogados
La Fiscalía General envió a la Asamblea Legislativa la denuncia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prorrogaron su mandato a finales de 2023 a falta de las elecciones judiciales que no pudieron efectuarse ese año.
La decisión fue tomada por la fiscal de Chuquisaca, tras analizar la Constitución y la ‘Ley Procesal para el Juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial’, explicó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Aseguró que esa definición también se respalda en un “auto de vista emitido por una Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca”, región donde se presentó la denuncia del Tribunal de Justicia, “que determinó la incompetencia de la vía ordinaria para procesar a autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional”. Por esto, el Ministerio Público “dispuso remitir la denuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente a la Presidencia de la Cámara de Diputados, para que determinen la situación jurídica de los sindicados”, sostuvo el fiscal general.
Según Mariaca, la Fiscalía Departamental de Chuquisaca analizó todos los antecedentes del caso y tuvo en cuenta también decisiones jurisdiccionales previas para asumir una determinación que no vulnere el procedimiento.
“El Ministerio Público no tiene atribuciones para procesar ni destituir a autoridades electas conforme al mandato constitucional. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional, como órgano competente, la que debe analizar y decidir la situación jurídica de los magistrados denunciados”, manifestó el fiscal.
“Si la Asamblea emite un informe para que el Ministerio Público pueda actuar, lo haremos, siempre dentro del marco de la legalidad”, agregó el funcionario.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, demandó penalmente el martes a los magistrados del TCP Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo, por los presuntos delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y usurpación de funciones”.
El magistrado Hurtado, que preside el TCP, replicó que la denuncia busca generar incertidumbre y afectar la segunda vuelta electoral presidencial del próximo 19 de octubre.
