Democracia arrodillada

Que el presidente de la Cámara de Senadores argumentara, el 25 de febrero recién pasado, que el Legislativo está privado de ejercer sin cortapisas su obligación y derecho de fiscalizar al Gobierno, porque debe acatar la determinación de un exjuez que hoy se encuentra preso, acusado con pruebas de ser parte de un consorcio criminal, demuestra que el sistema democrático del país se sostiene a pesar y en contra de quienes ocupan el rol de sus máximos representantes y no gracias a ellos. Nada nuevo bajo el sol.

El justificativo de quien ocupa el segundo lugar en la sucesión presidencial para cerrar la vía a una interpelación es tan aberrante que el propio Órgano Ejecutivo ha sentido la necesidad de corregirlo, implícitamente, al señalar que la interpelación no podía llevarse a cabo por fallas de procedimiento, al no haberse cumplido pasos previos indispensables, como señala el protocolo y reglamento del Legislativo.

El estrepitoso silencio de las bancadas y los legisladores, de manera individual, que aparentemente no se dieron cuenta de que el argumento del presidente de la Cámara Alta representa un aval a las atrocidades constitucionales cometidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y, en este caso, por varias cámaras “constitucionales”, expone el divorcio entre la Asamblea Legislativa Plurinacional con la madre de nuestras leyes y base del orden democrático que es la Constitución Política del Estado (CPE).

No se trata de un episodio aislado, sino de una nueva expresión del rechazo predominante entre los parlamentarios debido a su creencia de que la CPE “sería masista”, olvidando que, aun cuando se aprobó durante la vigencia de su régimen, el MAS la atropelló continuamente y convirtió al TCP y las salas constitucionales en herramientas para su sistemática violación.

La obligación de aplicarla y hacerla cumplir, por encima de cualquier otra consideración, compromete la legalidad y legitimidad de todos los funcionarios públicos y centralmente de los elegidos, pero ese mandato está deformado por las opiniones políticas de quienes suponen que su primer deber es reformarla para adaptarla a sus criterios o, más bien, a los de aquellos a quienes han ofrendado su lealtad.

Se reitera así la misma lógica del exvicepresidente García L., quien decía que la CPE es nada más que una formalidad abstracta.

Antes del incidente que se examina, la escasa predisposición del conjunto de organizaciones políticas por rescatar la plena e irrestricta vigencia de la Constitución, hoy subordinada completamente a las determinaciones del TCP a partir del golpe de Estado ejecutado por este organismo con su sentencia 0084/2017, queda desnuda con la impunidad de los cinco autoprorrogados que manejaban el TCP, sin que se les haya exigido cuentas por sus delitos constitucionales y penales.

Ningún legislador ha levantado la voz y, menos, ha asumido iniciativas para corregir esta situación que deja vigentes, como jurisprudencia válida, sentencias dictadas por el poder político del MAS y económico de diversos actores, a los cuales el TCP cesante legitimó con diversos fallos.

La entrega de una importante superficie urbana, mediante el uso de documentación plagada de claros indicios de fraude lo ejemplifica claramente. Siguiendo la huella del presidente del Senado, un candidato a alcalde ha anunciado que cumplirá este tipo de sentencias “para no ir preso”, aunque eso le cueste al pueblo de Santa Cruz unos cien millones de dólares.

El actual TCP, compuesto por cuatro miembros elegidos en diciembre de 2024, tampoco ha puesto mayor empeño en subsanar el desastre que heredaron, excepto reiterar denuncias sobre las imposiciones que sufrieron de parte de lo autoprorrogados, o el excesivo trabajo que los abruma.

Por su lado, los administradores de justicia, siguen operando con la mayor lentitud posible procesos como el del consorcio de jueces y abogados que manejaba el penúltimo ministro de Justicia del MAS.

La suma de omisiones y silencios que protegen la continuidad de atropellos contra la Constitución y la inmunidad de sus perpetradores se conecta con la idea de una próxima reforma constitucional.

La viabilidad de ese proyecto depende de que la amplia mayoría nacional que votó por ella en febrero de 2009 olvide que la Constitución no se debe a una organización social o política, sino al más amplio proceso deliberativo y participativo, único en nuestra historia.

El único soporte del proceso democrático es la voluntad popular soberana, anulada por sentencia del TCP, ya que sus guardianes legales han desertado de esa obligación.

El autor es director e investigador del Instituto Alternativo