Las nuevas señales y el ‘ama sua’

Una de las manifestaciones más inmediatas de la crisis económica que se desató durante el gobierno anterior fueron los límites impuestos paulatinamente al consumo en el exterior con tarjetas de débito y crédito.

En cosa de meses, los montos máximos se fueron achicando hasta llegar a cero y se canceló la posibilidad de realizar transferencias o efectuar pagos por servicios o productos adquiridos a través de Internet.

La cuestión se agravaba porque tampoco era sencillo para los bolivianos que vivían y trabajaban fuera del país enviar dólares a sus familias, salvo que lo hicieran de manera directa o con la ayuda de algún viajero que estuviera dispuesto a asumir el riesgo de llevar dinero en efectivo.

El efecto directo de esto fue que había cada vez menos dólares en circulación en un mercado de por sí restringido, y una creciente brecha que llegó a más del 200%, entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

Si una crisis económica de esa gravedad no se reflejó en una explosión social o, como ocurrió en los tiempos ya muy lejanos de la UDP, en un acortamiento del mandato presidencial, fue porque se cruzaron las elecciones del año pasado y, con ellas, la oportunidad de cambiar de protagonistas y de modelo económico a través del voto, lo que finalmente ocurrió con los resultados electorales que llevaron a Rodrigo Paz a la presidencia del Estado.

Para el nuevo presidente, la agenda no era tan difícil de definir y se podía limitar a atacar, en principio, precisamente aquellos síntomas que habían provocado la sensación de incertidumbre y desaliento en la mayoría de los bolivianos: la estabilización del tipo de cambio, la devolución de los dólares, el abastecimiento de combustibles y, por supuesto, también la posibilidad de utilizar las tarjetas de crédito y débito en el exterior.

En el debe y el haber de la gestión del nuevo Gobierno debe anotarse que la cotización del dólar referencial se mantuvo, se autorizó la devolución de depósitos en dólares hasta un máximo de 1.000 o del monto aprobado de manera independiente por una entidad financiera y, finalmente, llegó el tema de las tarjetas.

Con la gasolina, las cosas todavía son confusas: el abastecimiento no es del todo normal y la calidad del combustible es muy mala, lo que ha provocado un malestar social acumulado que seguramente disminuye la aprobación pública de la gestión de gobierno e impacta sobre la propia imagen del presidente.

Las señales económicas son alentadoras, aunque todavía no están sustentadas en cambios estructurales que aseguren el reemplazo de los ingresos que generaba el gas y promuevan el desarrollo de otros sectores capaces de convertirse también en los pilares sobre los que se puede construir el futuro de un nuevo modelo. Por ahora, seguramente hay más confianza, pero las bases son frágiles.

De otro lado, está la lucha contra la corrupción, un asunto que tiene que ver con hacer justicia en casos del pasado, pero también con marcar una ruta crítica que garantice que las ilegalidades y “facilidades” normativas no volverán a aplicarse en el futuro.

Es saludable la determinación de anular los decretos de la vergüenza que permitían a exautoridades disponer arbitrariamente de recursos y, sobre todo, la de transparentar las contrataciones directas, esas adjudicaciones que se decidían entre unos cuantos, con jugosas “comisiones” de por medio.

Pero no se trata solo de castigar a los que aprobaron decretos a su antojo y que destinaron millonarias sumas de dinero a obras fantasmas (más de Bs 7.700 millones), sino de crear también las “ventanas públicas” que permitan al ciudadano común poder verificar, mediante herramientas tecnológicas a su alcance, cuándo, cómo y en qué se gasta su dinero.

Transparencia y sanción para los anteriores, y candados —por si acaso— para los actuales. Eso es lo correcto.

El Decreto Supremo 5600 –“Destapando el Estado cloaca”– pone en evidencia, una vez más, la ruina moral y los abusos del anterior gobierno, pero sobre todo debería leerse como el compromiso del actual de no cometer los mismos errores y/o delitos. No es fácil reconstruir un Estado para que rinda cuentas, pero no hay otro camino.

Que la economía mejore y haya más recursos, administrados con honestidad y transparencia, es lo que la gente espera desde siempre. El actual Gobierno tiene la oportunidad –ojalá la aproveche– de pasar de las buenas señales a los hechos y de manejarse ahora sí, y sin tanta alharaca pachamámica, en el marco de un escrupuloso ama sua.

El autor es periodista y analista