El banquete de la conspiración

Columna
Publicado el 24/05/2026

Metafóricamente hablando, el “banquete político” representa el acceso y disfrute del poder. En Bolivia, ese banquete parece haber mutado en el “banquete chapareño”, un espacio simbólico asentado en el trópico de Cochabamba donde, durante años, se construyeron lealtades orgánicas, disciplina sindical y capacidad permanente de movilización.

Mientras los actores articulados al liderazgo de Evo Morales conservaron vínculos con el aparato estatal, la relación entre sindicatos cocaleros, poder político y beneficios económicos funcionó de manera cohesionada.

Cuando ese acceso comenzó a diluirse tras la ruptura interna del MAS y la pérdida del control gubernamental, emergió un proceso de rearticulación orientado a recuperar influencia. El Chapare dejó de ser únicamente un territorio geográfico para convertirse en un centro irradiador de poder paralelo.

A propósito, en toda democracia existe oposición legítima. Como advertía Michel Foucault, donde hay poder también hay resistencia. La oposición, en consecuencia, cumple una función necesaria: cuestionar decisiones públicas, controlar al Gobierno y evitar excesos de autoridad.

No obstante, otra cosa distinta es la lógica conspirativa. La oposición democrática busca alternancia; la conspiración persigue desestabilización. En el caso boliviano, diversos discursos y comportamientos muestran señales que trascienden la crítica política convencional y se aproximan a dinámicas insurreccionales dirigidas a erosionar la legitimidad del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, elegido democráticamente hace apenas seis meses.

Eso no es todo. Desde la teoría de la conspiración, Michael Barkun sostiene que una conspiración implica la convicción de que grupos organizados actúan en secreto con fines de alterar instituciones, usurpar el poder o conseguir ventajas a expensas del bien común.

Bajo esta lógica, la política deja de desenvolverse en el terreno abierto de la deliberación y se desplaza hacia estrategias subrepticias de presión, agitación y ruptura institucional.

En Bolivia, consignas difundidas por sectores radicalizados como “o lo tumbo o me voy preso” o “tenemos que tumbarlo” expresan una lógica donde la lucha política ya no aparece vinculada únicamente a diferencias ideológicas, sino también a supervivencia judicial y preservación del liderazgo.

Los hechos recientes muestran un escenario preocupante. Miles de mineros, sindicatos, maestros y grupos indígenas marchan exigiendo la renuncia presidencial en medio de una severa crisis económica marcada por escasez de combustible, inflación y falta de dólares.

Paralelamente, grupos evistas, sectores de la Central Obrera Boliviana y organizaciones radicalizadas como los “ponchos rojos” protagonizan bloqueos, enfrentamientos y actos de violencia que, según distintos medios y actores políticos, buscan “estrangular la ciudad” de La Paz.

El problema no radica únicamente en la protesta social, legítima en democracia, sino en la convergencia coordinada de actores cuyo objetivo deja de ser la negociación y pasa a centrarse en la caída del Gobierno.

Como se ve, la gravedad del fenómeno se profundiza cuando el diálogo pierde relevancia y la renuncia presidencial se convierte en condición innegociable. Desde la esfera gubernamental se denuncia la existencia de un movimiento “insurreccional y conspirativo” que atraviesa el país.

La conspiración, en términos políticos, implica organización, objetivos ocultos y estrategias de desestabilización que exceden los límites democráticos. En ese contexto, el “banquete chapareño” adquiere una nueva dimensión: ya no distribuye únicamente beneficios políticos, sino que articula una red de lealtades orientadas a recuperar el control estatal.

Bolivia atraviesa así una etapa delicada donde el conflicto político amenaza con transformarse en una disputa por la supervivencia del poder. Cuando la política abandona la competencia democrática y se desplaza hacia la lógica conspirativa, la estabilidad institucional entra en riesgo.

La historia demuestra que las redes de poder no desaparecen al perder el gobierno; sobreviven, se reorganizan y buscan retornar al centro del banquete. Allí reside hoy uno de los mayores desafíos para la democracia boliviana.

 

El autor es docente de la carrera de Ciencia Política de la UMSS

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