Gobierno dice que se permite protestar, pero no bloquear; Yapacaní da 48 horas
Los pobladores de Yapacaní decidieron dar un plazo de 48 horas al Gobierno para la abrogación del DS 5676, que fija Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores. La determinación fue asumida luego de una reunión entre autoridades del Ejecutivo y el sector campesino.
En tanto, el ministro de Defensa advierte que no se permitirán bloqueos: “Protesta pacífica sí, bloqueo no”, aseguró Justiniano.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, quien participó del encuentro, prometió que hará conocer al gabinete la propuesta de la anulación de la norma y expresó su apoyo a dicha exigencia. “Voy a recomendar que se retire porque vamos a respetar lo que aquí hemos conversado”, dijo.
“Después de escuchar las posiciones del Gobierno y los productores se llegó a las conclusiones de que el Viceministro Paredes se comprometió a presentar el informe a la comisión de gabinete para la anulación del decreto supremo 5676”, dio lectura uno de los dirigentes a la resolución.
Abrogación
Durante su exposición en el encuentro, Paredes sostuvo que dijo a miembros del gabinete que la norma debía ser derogada o abrogada ya que no cumplió con los objetivos esperados.
No bloqueos
Un contingente militar y policial está en San Juan de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, y neutralizó el anuncio de un bloqueo de caminos. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que la administración de Rodrigo Paz no permitirá ningún bloqueo, pero que sí está dispuesta al diálogo.
Presión
Ayer el bloqueo de carreteras anunciado para hoy por los pobladores de Yapacaní no se concretó y la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba permanece habilitada al tránsito vehicular.
Sin embargo, los pobladores anunciaron medidas de presión desde mañana en San Julián, en la vía entre Santa Cruz y Beni. Al igual que en Yapacaní, la Federación de Productores Agropecuarios rechazó el decreto cuestionado porque afecta sus costos de producción.
Las medidas de presión fueron anunciadas a pesar de la vigencia del estado de excepción que, si bien no prohíbe las protestas, las limita.
Esta disposición fue promulgada para terminar de consolidar el fin de un bloqueo de 53 días que golpeó principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto, dejando severos daños económicos.
