Concejo avanza con ley para trasladar el museo; legisladores ven otras vías
El Concejo Municipal de Cochabamba aprobó una ley que declara de prioridad municipal la preservación, conservación, protección y gestión del Museo Alcide d’Orbigny e instruye al Ejecutivo el traslado de los bienes al edificio del Jardín Botánico, denunció ayer la concejal Lady Silvia Soliz. En tanto, legisladores del MAS buscan otras vías para evitar el traslado del patrimonio.
“El día de ayer (miércoles), los concejales del alcalde de la bancada de Súmate nos dieron la sorpresa de hacer ingresar un proyecto de ley que, de hecho, ya lo han aprobado, atropellando y yendo por encima de una ley nacional, la Ley 593/214”, informó.
La Ley 593 declara patrimonio cultural material inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia al museo Alcide d’Orbigny.
Por su parte, el asambleísta Sergio de la Zerda informó que buscan otras vías para proteger al museo, entre ellas, “establecer una posición conjunta” con el Ministerio de Culturas. En este sentido, tres técnicos especializados en museología, arqueología y paleontología iniciaron ayer un relevamiento de datos final para respaldar la postura del Ministerio que se dará a conocer la próxima semana, adelantó.
Asimismo, advirtió acciones judiciales contra el alcalde Manfred Reyes Villa si se promulga la ley aprobada por el Concejo.
El vocero Henry Rico dijo que persiste el riesgo de perder el predio si no se construye el centro de convenciones y que el accionar del Ministerio “es político”.
Persiste rechazo al proyecto y traslado
Más de 100 organizaciones, instituciones y colectivos se sumaron al pronunciamiento público que rechaza el traslado del Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny. Exigen el respeto a la ley y la protección del patrimonio.
En el pronunciamiento señalan que el museo alberga cerca de 40 especies de aves, murciélagos, ranas, insectos y arácnidos, además de 25 especies de árboles que constituyen un corredor ecológico, mismo que sería afectado si se construye un Centro de Convenciones.
“Esto tienen que cuidar la Alcaldía, la Gobernación y el Estado”, sostuvo Javier Molina, uno de los activistas.
