Víctimas de traficantes marchan y alertan de 10 mil hectáreas avasalladas
Las víctimas de avasallamientos de 14 zonas de Cochabamba marcharon ayer exigiendo a las autoridades nacionales, departamentales y municipales acciones inmediatas para frenar el tráfico de tierras productivas.
Los afectados convocaron a la protesta a través del Comité Departamental de Defensa Contra Avasallamientos y Tráfico de Tierras. El presidente de esta organización, William Zapata, señaló ayer que los loteadores ya invadieron más 10 mil hectáreas de predios privados y colectivos en municipios de valle alto, bajo y central.
“Hay miles de familias afectadas y en hectáreas mínimo estamos con 10 mil. Nuestras tierras están en manos de los traficantes por la corrupción que hay en las instituciones del Estado”, comentó.
De la movilización participaron comunarios de los sectores de Villa Copacabana, Hacienda Canelas, Tajra, Albarrancho, Kewiñal, Florida Norte, UMSS, Tacko Loma, OTB Libertad, Sivingani Sur Vinto y Magisterio.
Los manifestantes exigen la destitución del director nacional del INRA, Eulogio Núñez, y del departamental, Armando Mita. Además, el respeto a la propiedad privada, cárcel para los avasalladores, demolición de construcciones ilegales e investigación a consorcios de abogados, fiscales, jueces y policías vinculados con loteadores.
Zapata mencionó que los afectados determinaron dar un plazo de dos semanas para que el director departamental del INRA informe sobre los trámites de titulación de comunidades agrarias que solicitaron el saneamiento.
El dirigente explicó además que aguardarán una respuesta del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy Gonzales, y del viceministro del área a su pliego petitorio.
El ministro Gonzales exhortó ayer a la población a exigir documentación al momento de comprar cualquier lote y verificar ante las instancias correspondientes para evitar ser estafados.
“En Cochabamba se están registrando conflictos en predios que están cerca de la ciudad. Se engaña la gente diciendo que tarde o temprano se van a urbanizar, pero (debo) decirles que para que esto sea posible tiene haber consenso y un cambio del uso de suelo; mientras no exista eso, siguen siendo tierras agrícolas”, concluyó.
Solicitan reconocer posesión y trabajo
Los afectados por loteamientos cuestionaron ayer que el INRA paralice trámites de saneamiento individuales y de tierras comunitarias que cuentan con acreditación de posesión y el cumplimiento de función social por más de 50 años.
“Hay gente que trabajó hasta 60 años su terreno y no quieren reconocerle el derecho propietario, pero con la Ley 247 se reconoce a el derecho a los loteadores”, denunció un afectado.