Descenso de reservas a 8,95 TCF dificulta ampliación de mercados
El descenso de reservas probadas de gas, que solamente alcanzaron a 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF) y no a 10,7 TCF como lo certificó la empresa canadiense Sproule, genera efectos negativos como la pérdida de confiabilidad en Bolivia como país exportador de gas y en dificultades para concretar nuevos mercados.
Según el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), José Luis Rivero, Bolivia cuenta con 5,88 TCF de reservas probadas en desarrollo y 3,27 TCF de reservas probadas no desarrolladas, alcanzando un total de 8,95 reservas probadas.
El informe de Sproule, presentado en agosto de 2018 y cuestionado hasta la fecha, refería que las reservas probadas alcanzaban a 10,7 TCF.
El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, afirmó que existe una caída real de reservas y que se debe encontrar el motivo de la variación de los informes, pero aseguró que los 8,95 TCF permiten garantizar el cumplimiento de los compromisos de comercialización con Brasil, Argentina y el mercado interno.
Sin embargo, el especialista en hidrocarburos Hugo del Granado considera que las distintas cifras en relación al número de reservas y la evidente caída de éstas afectan negativamente al país porque le restan confiabilidad como país exportador de gas.
Además, señala que la caída de reservas genera dificultades para ampliar los contratos de exportación, pese al interés expresado por clientes de Brasil, Paraguay y Perú.
El especialista dice que los mercados, por pequeños que sean —porque ésta es nueva modalidad—, “necesitan saber qué volúmenes residuales existen en Bolivia para poder firmar nuevos contratos”.
Riesgos
Del Granado aclaró que Bolivia cuenta con importantes reservas al margen de sus compromisos con Argentina, Brasil y el mercado interno, pero observó que, al contar con reservas menguadas, por debajo de 10 TCF, “pone en entredicho la capacidad de ser proveedor de gas en el largo plazo”.
Al respecto, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, informó que, en base a las proyecciones realizadas por esta entidad, resta por entregar un volumen de 3,7 TCF a Argentina y 1,7 a Brasil, de modo que actualmente Bolivia tiene un volumen comprometido de 5,4 TCF.
Soliz dijo que debe esclarecerse el volumen restante para determinar la base sobre la cual se gestionará la apertura de nuevos mercados.
“Tenemos que planificar cuáles son los rumbos, las directrices que tenemos que tomar a largo plazo porque tenemos que volver a reestructurar el sector hidrocarburos”, agregó.
El Gobierno informó que hay campos que en poco tiempo entrarán en producción y aumentarán reservas.
DESCARTAN EXPLORAR EN ÁREAS PROTEGIDAS
El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, ratificó ayer que se respetará las áreas protegidas, por lo que allí no se llevarán a cabo actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
“Las áreas protegidas deben ser protegidas y ése es un tema que manejamos con mucha firmeza y lo expresamos con contundencia a la población”, dijo la autoridad a tiempo de aclarar que el negocio de los hidrocarburos no se verá afectado.
CESE TEMPORAL DE MINERA AFECTA CON MÁS DE $21 MM
REDACCIÓN CENTRAL
La determinación de la Empresa Minera Paitití (Emipa) de cesar sus operaciones durante los próximos 10 meses representa una pérdida de 21,74 millones de bolivianos por pago de regalías, puesto que la firma aporta con el 65 por ciento de las regalías mineras en el departamento de Santa Cruz.
Según el secretario de Minas, Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, la firma cerrará su planta desde el próximo 17 de diciembre a raíz de razones técnicas relacionadas a la incorporación de nuevas tecnologías. Sin embargo, mencionó que esta empresa también estuvo acosada por el Ministerio de Trabajo del anterior Gobierno.
Emipa aportó en 2018 con 24 millones de los 36 millones que percibió el departamento de Santa Cruz por concepto de regalías mineras. De este monto, 4 millones fueron destinados al municipio de San José de Chiquitos, donde se encuentra la planta.
Soliz indicó que la Gobernación de Santa Cruz gestionará una reunión con el Ministerio de Minería y el Ministerio de Trabajo para abordar el caso de Emipa y, de ese modo, acelerar el retorno de las operaciones de la empresa con la tecnología requerida.
En los últimos años, Emipa atravesó por una serie de inconvenientes por las protestas del sindicato de trabajadores. La empresa argumentó que las exigencias no tenían justificativos.
