Decreto sobre uso de transgénicos desata tsunami entre los políticos

Publicado el 11/05/2020 a las 0h29
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El Decreto Supremo 4232, que da vía libre al uso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya a través de procesos abreviados, ha desatado un tsunami entre políticos, sectores campesinos, ambientales y organizaciones productoras del agro.

Unos las desaprueban y piden su derogación, mientras que los otras las defienden a “rajatabla”.

El expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que el decreto es inaceptable tanto desde el punto de vista político como ético porque no le corresponde a un gobierno transitorio tomar decisiones que pueden tener consecuencias al medioambiente.

Advierte que las semillas transgénicas pueden tener impactos negativos en la salud humana, en el medioambiente y generar rendimientos discutibles, en consecuencia, plantea una la evaluación seria de cualquier organismo genéticamente modificado, pero ajustado a los protocolos definidos en convenios internacionales.

Mesa afirma que Áñez elude consultar a la sociedad en el marco del concepto de participación social, debate ciudadano y no toma en cuenta la opinión de importantes sectores de la sociedad.

En tanto, el candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, exigió ayer la “abrogación inmediata” del decreto supremo.

A través de un video difundido en las redes sociales, Arce reprochó que el Gobierno haya aprobado el decreto “a espaldas del pueblo” y califica la medida como ilegal.

La defensora del pueblo, Nadia Cruz, señaló que el decreto está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra el derecho a la seguridad alimentaria de los bolivianos.

A favor

El candidato presidencial por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, aclaró ayer, a través de un comunicado, la posición oficial de respaldo al uso de la biotecnología y considera que, aunque de manera tímida, la vuelta del país al uso y utilización de esta tecnología para mejorar los cultivos.

Sin embargo, la posición de Camacho es distinta a la expresada por su vocera Roxana Lizárraga, quien considera que la autorización de la semilla transgénica atenta a la salud de los bolivianos.

El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, consideró que el uso de semillas transgénicas puede ser una respuesta también importante para que se fomente una mayor productividad que fortalezca la seguridad alimentaria boliviana y generar mayores ingresos en las exportaciones.

 

La Anapo, la CAO, ganaderos, lecheros y agropecuarios, entre otros, apoyan el uso de semillas transgénicas.

 

EN 2011, EVO LEGALIZÓ TRANSGÉNICOS; HOY ACUSA AL GOBIERNO DE QUE “NOS MATA”

REDACCIÓN CENTRAL

El 26 de junio de 2011, ante centenares de campesinos, el expresidente Evo Morales, promulgó la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.

La norma prohíbe la producción de transgénicos, pero impulsa su importación. Hoy, nueve años después, cambió su discurso y acusó al Gobierno de que “ahora nos mata” con productos genéticamente modificados.

“En Bolivia, el gobierno de facto no tiene autoridad moral para decir que defiende la vida porque todas sus acciones han sido, hasta ahora, letales contra el pueblo: nos mata con bala, nos mata de hambre y ahora nos mata con transgénicos”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Esa crítica es contraria a la ley que promulgó hace nueve años. La Ley 144, que tiene como principio garantizar la seguridad alimentaria, también legalizó el uso de transgénicos en el país, pues en su artículo 19, numeral 5, expresa que “se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados”.

Asimismo, dispone que los productos transgénicos deberán estar debidamente identificados y el control estará a cargo de tres entidades. Así lo establece el artículo 15, numeral 3, que señala: “Todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados”.

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