Cuestionan que agropecuarios sólo tributen Bs 28 por hectárea de soya
En medio de la Acción Popular presentada por activistas y organizaciones indígenas para la suspensión del decreto 4232, que autoriza la evaluación del uso de cinco cultivos genéticamente modificados, surgen cuestionantes al Régimen Agropecuario Unificado (RAU), que establece un impuesto de 28 bolivianos por hectárea para el sector agrícola y de 2 bolivianos para el ganadero.
Pese a las críticas, los productores manifiestan que la imposibilidad de acceder a la biotecnología reduce la productividad del sector.
El director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, afirma que el RAU sustituye, en el caso del sector agropecuario, el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las transferencias (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), además establece una tabla de alícuotas que tiene los valores antes mencionados.
Colque cuestiona, por ejemplo, que el impuesto por una hectárea de soya, que tiene un valor de producción de 600 dólares, sólo llegue a 28 bolivianos. Además, la recaudación global del sector agropecuario gira en torno a los 4 millones de dólares por año, monto que, comparado con otras contribuciones, es reducido.
Para el investigador, el aporte tributario del sector debería ser mayor dada su importancia en la economía nacional.
Asimismo, Colque observa que la contribución de 4 millones de bolivianos que genera el RAU es una cuota mínima que no tiene justificación con relación a la cantidad de recursos que gasta el Estado para apoyar el desarrollo del sector agropecuario, como por ejemplo en la subvención al diésel.
Explica que un 40 por ciento del diésel que demanda el país es absorbido por el agro a través de la maquinaria agrícola y camiones que transportan la soya. “Entonces ahí hay subvenciones mucho más grandes por parte del Estado”, dijo.
Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2019 la importación de diésel alcanzó un valor de 992 millones de dólares, mientras que información del Ministerio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) refleja que los recursos destinados en la pasada gestión a la subvención de diésel y gasolina superó los 300 millones de dólares.
Por su parte, el expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, explica que, si bien el impuesto por hectárea de soya es bajo, también es reducida la productividad en comparación con países vecinos que usan biotecnología.
Menciona que los rendimientos en el cultivo de soya en Bolivia oscilan entre 1,8 y 2 toneladas por hectárea, mientras que en países vecinos está entre 3 y 3,5. Esta diferencia es “la causal para no poder subir el impuesto”.
Pérez señala que al mejorar la producción a través del uso de nuevos eventos transgénicos se podría analizar la modificación del impuesto, aunque aclara que será necesario evaluar otros aspectos, como el geográfico, que reduce la competitividad de Bolivia con relación a países como Argentina y Brasil.
