Alcalde Mérida recupera su libertad después de 14 días
Después de 14 días el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, recobró ayer su libertad plena, pero seguirá arraigado y deberá presentarse cada semana a firmar en el juzgado.
La Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de la capital suspendió el arresto domiciliario que le impuso la jueza María Teresa Apaza el 22 de junio y además rebajó la fianza de 80.000 a 50.000 bolivianos.
El concejal que lo denunció por no reincorporar a cinco funcionarios, Víctor Osinaga (MAS), dijo que continuará con el proceso y que las medidas sustitutivas, como la presentación, se mantienen.
El alcalde que enfrenta 14 procesos, siete interpuestos por concejales y cuatro con imputación, dijo que la juez “le dio la razón en la apelación al anular la detención domiciliaria”.
Mérida calificó de un exceso la detención domiciliaria con custodio, porque los cinco funcionarios fueron despedidos en la gestión del exalcalde Charles Becerra y cobraron beneficios. Sin embargo, al final del proceso laboral recibieron sus salarios.
“Mi persona repuso esos recursos, es decir, ya no había razón alguna para que me den detención preventiva como pedían mis acusadores”, dijo. Siguió: “Si no hay daño económico al municipio, no hay razón para que yo vaya preso”.
Al referirse al fallo de la juez de la Sala Penal Segunda, Gina Castellón, el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, dijo que quedó demostrado que existe suficientes elementos de convicción para sostener que existe incumplimiento de deberes, que existe una conducta antieconómica que debe ser investigada para llegar a la verdad.
El martes, el alcalde recibió medidas sustitutivas por la tercera imputación que se presentó en su contra por la convocatoria a un paro cívico en octubre de 2016 en “defensa de la democracia”, que se sustenta en la declaración de dos trabajadores afines al MAS sin que se haya citado a los siete funcionarios que fueron identificados en fotografías en los puntos de bloqueo.
Horas antes de la audiencia del martes, Mérida fue notificado con la cuarta imputación por los audios anónimos de una conversación de empresas interesadas en adjudicarse el desayuno escolar, que durante el proceso certificaron que nadie les pidió un diezmo para ganar la contratación. Mérida lamentó el asedio de los concejales y de la Policía que el fin de semana le envió tres custodios a su domicilio.
RECHAZAN MEJORAS DE ESTADIO
El Concejo Municipal de Quillacollo rechazó el proyecto de 1,7 millones de bolivianos para construir el muro perimetral del estadio, las cabinas para la prensa y las casamatas, con el argumento que hay un proceso judicial en curso en contra del exalcalde Héctor Cartagena que ejecutó las graderías hace 14 años.
Sin embargo, el alcalde manifestó que no hay rastros del mencionado proceso. Explicó que pidieron certificaciones a los juzgados pero no tienen registros. Por ello, seguirá con la búsqueda del expediente y solicitará que el Concejo reconsidere el proyecto.
De acuerdo con Mérida, la obra es importante para organizar campeonatos deportivos y ver jugar al Wilstermann. Pero, además puede generar un movimiento económico en la población del valle bajo. Adelantó que las obras no afectarán las graderías.
Por otro lado, lamentó que por la detención domiciliaria que le impusieron y el arraigo que le impedía salir de Quillacollo no pudo asistir a una audiencia judicial en Sucre sobre el Playón de Marquina, que como resultado de una acción popular es propiedad municipal y debe ser recobrado con apoyo de la Defensoría del Pueblo. Dijo que hay 54 hectáreas en riesgo que tienen un valor económico de 34 millones de dólares y son en una zona de recarga hídrica esencial para los pozos del valle bajo. Toda el área abarca 94 hectáreas.
