Senadora cuestiona financiamiento para carretera Cochabamba-Beni
LA PAZ |
La senadora de PPB-Convergencia Nacional Jeanine Añez, cuestionó la aprobación de la Ley de Financiamiento para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y aseguró que fue aprobada sin considerar las observaciones de los pueblos originarios y de las instituciones benianas.
"Es una pena que el Gobierno no respete la Constitución en el artículo 30 numeral 15 que estipula que dentro de un área protegida no se pueden ejecutar proyectos sin antes buscar la respectiva consulta, el consenso y aprobación de los propietarios del territorio. Ocurre que el Gobierno está obligado a proteger la biodiversidad, los recursos forestales, fauna y flora existentes en la región", explicó.
Recordó que "ese derecho de los indígenas fue violado" y no les consultaron mediante procedimientos apropiados su criterio sobre proyectos que afectan su medio ambiente.
Sobre el mismo tema, el dirigente de los nativos del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Adolfo Moye, calificó de "arbitraria" la Ley de Financiamiento para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y lamentó que fuera enviada al Ejecutivo para su promulgación "sin considerar el grave impacto al ecosistema y a las reservas naturales de la región".
También el investigador e historiador beniano, Arnaldo Lijerón Casanovas, apoyó los cuestionamientos de la senadora beniana y del dirigente nativo enfatizando que el Estado debe garantizar el derecho a la consulta cuando de proyectos camineros se trata y cuando éstos atraviesan un territorio protegido.
DATOS
La Cámara de Senadores sancionó y remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación, la Ley que aprueba el contrato de colaboración financiera suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social (BNDES) de Brasil por la suma de trescientos treinta y dos millones de dólares, destinados a financiar el "Proyecto Carretero Villa Tunari - San Ignacio de Moxos", firmado el 15 de febrero de 2011.
La norma autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del contrato.
