Un 60 % de los adolescentes recluidos no tiene sentencia
LA PAZ |
Un 60 por ciento de los 480 adolescentes recluidos en Bolivia acusados de diversos delitos no tiene sentencia y sigue con detención preventiva, denunció hoy el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.
El funcionario lamentó en una conferencia de prensa que el tiempo de detención preventiva supera los dos años en algunos casos y no se cumple la ley que establece un máximo de ocho meses desde la denuncia hasta la sentencia en los juzgados de Niñez y Adolescencia.
A esta situación se suma la falta de contacto regular de ese grupo de privados de libertad con sus abogados y el desconocimiento sobre el avance del propio proceso penal.
La Defensoría del Pueblo realizó inspecciones en veinte recintos de reclusión de adolescentes y detectó problemas de hacinamiento, escasez de personal especializado y falta de medios para rehabilitar a los reclusos. De los 480 detenidos, 440 son varones y 40 mujeres.
El 37 por ciento de los menores privados de libertad está acusado de robo, el 34 por ciento de delitos sexuales y el 20 por ciento de delitos contra la vida y la integridad de las personas, pero en los centros de reclusión no hay personal especializado que atienda agresores sexuales u homicidas, denunció Villena.
Como promedio, cada uno de los trabajadores que atienden a los menores reclusos tiene a su cargo a 28 adolescentes en cada jornada laboral, lo que imposibilita la atención individualizada.
Es habitual que estos trabajadores tengan contratos de solo tres meses, denunció la Defensoría.
El informe también señala que los centros no separan a los menores por edad, ni por el tipo de delito cometido, ni por su situación procesal.
Por ello, menores con infracciones leves conviven con homicidas o violadores, y menores de edad en detención preventiva comparten espacios con adolescentes ya sentenciados.
En las ciudades de Cobija y Riberalta (norte) se dan los casos más extremos, ya que en la primera no existen recintos especiales para menores en privación de libertad, y conviven con víctimas de la violencia y otros menores en programas de acogida, mientras que en Riberalta conviven con reclusos mayores de edad.
Otros problemas afectan a la calidad o la cantidad de la comida, ya que por ejemplo en Cochabamba (centro) hay financiación para alimentar solo a 50 menores, cuando la población oscila entre 90 y 100.
El informe del Defensor también detecta impedimentos para la reintegración de los internos en su núcleo familiar, ya que muchos vienen de haberlo abandonado o de sufrir violencia, y en ocasiones los centros de reclusión están a horas de distancia de las residencias familiares.
Villena criticó que no se aplica el enfoque de justicia restaurativa, que consiste en la reparación a las víctimas y la rehabilitaciones de los ofensores, tal y como recoge la regulación boliviana sobre niñez y adolescencia.
En su lugar, prevalece una lógica "punitiva", lamentó Villena.
