Suspenden juicio de apelación de Costas
Santa Cruz | Los Tiempos
La audiencia en la que la defensa del Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, iba a presentar la apelación a las medidas sustitutivas anteriormente impuestas fue suspendida ayer por la ausencia de uno de los vocales. Costas, procesado por la compra supuestamente irregular de 40 camionetas el año 2007, deberá presentarse nuevamente el próximo 28 de julio.
Según el secretario de la gobernación cruceña, Vladimir Peña, este proceder solamente dilata el perjuicio para el Gobernador y para la población. “Nos da lástima por los ciudadanos que vienen aquí a buscar justicia y se encuentran con este tipo de cosas día a día. La justicia en el país avergüenza más”, dijo.
La defensa de Costas pretendía eliminar las medidas sustitutivas que el pasado seis de junio, el juez Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, Pablo Vargas, determinó para Costas, mismas que consisten en arraigo, una fianza de 80.000 bolivianos y la presentación cada 20 días ante el Ministerio Público.
Como argumento para la apelación, Peña dijo que no hay ningún riesgo procesal porque Costas no se irá del país y que no necesita estar arraigado. “Que dejen trabajar tranquilo al Gobernador, que dejen de hostigarlo, perseguirlo, amedrentarlo”, añadió.
Por su parte, Aimore Álvarez, representante de la Procuraduría General del Estado, informó que, como parte acusadora, se opondrán a la apelación presentada por Costas, ya que existen riesgos procesales de obstaculización de fuga, puesto que el Gobernador cruceño tiene facilidad para abandonar el país.
“Su último viaje que hizo a Brasil no se encuentra registrado en Migración ni en su pasaporte ni en ningún documento, entonces vemos que hay cierta facilidad de burlar las fronteras”, explicó Álvarez, y recalcó que la decisión del juez de ordenar medidas sustitutivas fue la correcta.
Uno de los argumentos que presenta la defensa de Costas es que el juicio debió cerrarse al cumplir tres años, tal como lo establece la ley, sin embargo, Álvarez aclaró que al tratarse de un delito de corrupción con daño económico al Estado la Constitución Política del Estado (CPE) “manifiesta que estos delitos son imprescriptibles”, por lo que, bajo ese argumento, se oponen a la apelación.
El proceso también involucra a Roly Aguilera, José Luis Parada, Miriam Cecilia Limpias y Fernando Soria Galvarro. De este grupo, sólo los dos primeros continúan siendo colaboradores de Costas. La denuncia fue presentada por la Contraloría Departamental de Santa Cruz en 2010.
Según el representante de la Procuraduría, las camionetas fueron compradas con sobreprecio y aún no figuran a nombre del Estado boliviano, sino a nombre de terceras personas.
