La inversión pública, la bala de plata y el lobo

Una de las características más relevantes del nuevo modelo económico implementando desde el año 2006 en Bolivia, es el fuerte aumento de la inversión pública. Durante buena parte de la década de los 90 e inicios del milenio el valor de ésta estaba, en media, en torno de 600 millones de dólares. En el periodo 2006 y 2015, la inversión pública subió significativamente, a un promedio de 2.500 millones de dólares. Según el Presupuesto del 2016, se espera que la inversión gubernamental supere los 8.000 millones. Más aún, el cumplimiento de la Agenda 2025 supone un gasto de 60.000 millones en este rubro. Así mismo, frente al deterioro del sector externo reciente, el aumento del gasto y la inversión se ha colocado como la bala de plata que matar el lobo de la desaceleración económica. El tema del rol de la inversión pública puede tener múltiples abordajes pero por restricción de espacio me concentraré en los desafíos del financiamiento de ésta, tema muy relevante en un momento en que la economía boliviana enfrenta escasez de recursos debido a la caída de las exportaciones. En el 2015 ya perdimos 4.000 millones de dólares de ventas internacionales, en el año que transcurre la pérdida podría ser mayor debido a que el precio del petróleo, referencia para el cálculo del precios del gas natural que exportamos,  continua oscilado en torno de 35 dólares el  barril  y los ingresos fiscales que provienen del sector de hidrocarburos se contraerán en 43 por ciento en el 2016, según datos del Gobierno. Es conocido que el Gobierno depende fuertemente de las rentas gasíferas.

Dado que el maná de recursos ha terminado, ¿cómo mantener la burbuja de consumo, el gasto dispendioso y la faraónica inversión pública hasta el año 2025?  Pues ya tenemos algunos indicadores y anuncios de cómo se cerrará la brecha entre los gastos, cada vez mayores, y los ingresos, en baja. En efecto, desde el 2014, la economía boliviana ha comenzado a registrar importantes déficits públicos. En este año el agujero llegó al 3,4 por ciento del producto interno bruto (PIB). En el 2015, el déficit fue de 6,6 por ciento del producto, y en el año 2016, se había proyectado 4,5 por ciento, pero esta cifra, apenas transcurridos tres meses del año ya fue revisada a la alta, la brecha subirá a 6,1 por ciento del PIB. Según proyecciones oficiales que respaldan la Agenda 2025, los desajustes fiscales continuarán hasta el 2020, por lo menos, en valores que oscilan en torno de 6 por ciento del PIB. Por lo tanto, la pregunta central es: ¿cómo financiar todos estos déficits públicos sin poner nerviosa a la gente y quebrar al Estado?

En primer momento, todo indica que se seguirán usando parcialmente las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. De hecho, el año pasado éstas se redujeron en 2.000 millones de dólares, se pasó de 15.000 a 13.000 millones aproximadamente, y en lo que va del 2016 ya se perdieron cerca a 700 millones más. Cabe recordar que el Gobierno ha anunciado que en la importación de maquinarias se gastarán otros 1.000 millones de verdes adicionales. Si por año, en promedio, se usan 2.000 millones de dólares, es fácil concluir que las reservas internacionales dan para un par de periodos, ir más allá en el uso de estos recursos podría ser peligroso porque no habría respaldo para la deuda interna, y se tendrían que vender reservas de oro. En ninguno de los casos es una buena señal a las expectativas de la gente.

A sabiendas de estas restricciones, el Gobierno también está buscando mejorar sus sistemas de recaudaciones y cobrar impuestos a grupos como los transportistas, gremiales o cocaleros. Todos huesos duros de roer a la hora de pagar tributos. Aquí existen ciertos márgenes para incrementar ingresos pero no son muchos. Ahora bien, espero que la hambruna fiscal actual no empuje al Gobierno a usar los recursos de los bolivianos (as) de los fondos de pensiones que ahora administra a través de la entidad estatal. Esta sería una muy mala idea.

Otra fuente de recursos para mantener los elevados gastos estatales y cumplir con las ambiciosas metas de inversión pública es sin duda el ahorro externo que podría venir vía: 1) inversión de extranjera directa, caso poco probable, de hecho en el 2015 ésta se contrajo en más de 700 millones de dólares y 2) préstamos internacionales. En efecto, sobre esto último el Gobierno  ha anunciado que recurriremos a créditos de manera pragmática sin que estos afecten la soberanía nacional. Se abrió un coqueto pero inútil paraguas ideológico,  porque cuando se trata de créditos de proveedores, como son los anunciados 7.500 millones de los chinos por ejemplo, este tipo de declaraciones son un saludo a la bandera. ¿De qué soberanía se puede hablar cuando el grueso del préstamo es para comprar maquinarias, bienes o servicios impuestos por el que pone la plata? 

Una forma de financiamiento menos embarazosa pueden ser los créditos de libre disponibilidad y/o la emisión de bonos en el mercado mundial (recordemos que ya se colocaron mil millones de dólares). En ambos casos significan recursos donde el Gobierno tiene la decisión de la inversión. También es posible conseguir créditos de organismos internacionales (CAF o el BM), pero estos generalmente están vinculados a proyectos concretos, como una carretera.

Ahora bien, el tema central es hasta donde endeudarse, en la actualidad nuestro coeficiente de deuda externa está en torno del 18 por ciento del PIB, lo razonable sería ir hasta un 30 por ciento, y en un caso de necesidad extrema hasta el 40 por ciento, pero no más que eso. De hecho no parece sensato que para mantener unos gastos estatales superfluos, una inversión pública sin rumbo y una burbuja de consumo, hipotequemos el futuro de las próximas generaciones. La inversión gubernamental debe buscar la diversificación del aparato productivo, aumentar la productividad de la economía y ser dinamizadora y complementaria de la inversión privada. Sólo así el déficit público de hoy, será desarrollo futuro.   

El autor es economista.