Institucionalidad en la sombra

Si bien la institucionalidad se basa en modelos ideales, su ejercicio se construye por la capacidad estatal de responder a las necesidades básicas de la población, sólo así crea hábitos y se entiende como un valor social 

Evidentemente, hay una abierta contradicción en las palabras del título de este artículo. Sin embargo, hay ejemplos positivos de institucionalidad en la sombra. En las estrategias de monitoreo e interpelación de políticas públicas, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, suele utilizarse la expresión “ministerio sombra” para significar la simulación del accionar institucional usando positivamente sus principales elementos de estructura y funcionamiento para contrastar sus resultados con los que se estén dando y difundiendo en la realidad oficial (es decir, en la intención y en la voz de sus autoridades).

Lamentablemente, también hay muchos ejemplos negativos. En el extenso mundo de la informalidad económica en el país, compramos sin factura porque nos parece más barato, deslizamos “comisiones” para agilizar trámites, aceptamos explicaciones fraudulentas y hacemos la vista gorda de cobros irregulares… cuando nos conviene. Y aunque cuando no nos conviene somos capaces de armar verdaderos desbarajustes, lo cierto es que el caudal de la institucionalidad clandestina es tan fuerte que apenas puede reconocerse.

Pareciera que la población boliviana rechaza la institucionalidad formal y explícita amparada en las desconfianzas ancestrales en las acciones de un Estado autoritario, incompetente y generalmente corrupto, y de funcionarios/as indolentes. Pero actuar en las sombras no nos sale ni más barato ni más ágil ni más eficaz.

Los contingentes de vendedores informales pagan una serie de miniimpuestos a una red de institucionalidad clandestina que empieza en sus propias organizaciones como derechos de afiliación y de venta en determinados horarios y termina en las alcaldías como “sentaje” y control de calidad. La fortaleza de su posición se basa en esa estructura de pagos. La indolencia funcionaria se basa en la necesidad ciudadana y el abuso policial en el miedo y la inseguridad. Ciudadanía y Estado son actores cómplices en la institucionalidad sombra.

En términos generales, el concepto y la práctica de lo institucional están relacionados, entre otras cosas, con la interacción entre actores políticos y sujetos de la sociedad desde la transparencia y desde lo formal… en teoría.

Una presunción teórica que, como muchos otros conceptos, según costumbre de la cultura boliviana, hemos dejado que sólo sea palabras de texto o sonido de discursos grandilocuentes, convirtiéndola, en la práctica de la vida diaria, en una visión desvaída, su caricatura o su contrario.

Si bien la institucionalidad  se basa en modelos ideales, su ejercicio se construye por la capacidad estatal de responder a las necesidades básicas de la población, sólo así crea hábitos y se entiende como un valor social. Requiere permanencia en el tiempo, organización, medios para funcionar, manejo justo de los recursos y la consolidación de conductas de servicio, respeto y control.

¿Todo esto es muy abstracto? ¿Suena a cuento, a sueños, a ideales utópicos? Seguramente será así… si seguimos actuando en la vida cotidiana con la doble personalidad de ciudadanos que con la boca gritamos que respeto a la ley mientras con los actos decimos lo contrario.

La autora es comunicadora social.