La doble agenda de la reforma universitaria

Las universidades públicas son instituciones altamente complejas. Y no solamente por el número de alumnos o por la creciente diversificación de sus facultades, carreras e institutos, sino también por la diversidad de fines que deben cumplir. Así, por un mandato normativo, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) debe cumplir múltiples fines: la formación de profesionales con “conciencia crítica” en distintas áreas del conocimiento, la producción de ciencia y tecnología, la interacción social y la formación de una “conciencia nacional”. Las asperezas o contradicciones entre su impronta “profesionalizante” (que llamaremos función social) y su función cognitiva o científica son particularmente importantes para entender el alcance de su actual crisis.

Por una parte, la UMSS tiene como misión la formación profesional de miles y miles de jóvenes ansiosos por entrar al (incierto) mercado laboral; ellos y sus familias perciben que la universidad es uno de los pocos canales de movilidad social ascendente. Esta estrategia ha sido llamada “credencialista” porque está basada en la adquisición de un título profesional, un capital curricular, que permite obtener prestigio para mejorar los ingresos. En un pasado cercano, esta estrategia fue privilegiada, de manera casi exclusiva, por las clases medias radicadas en ciudades capitales; sin embargo, en las últimas décadas tiene como protagonistas a jóvenes de familias campesinas que migraron a las ciudades. La masificación de la universidad y el gigantismo de su función profesionalizante no podrían entenderse objetivamente sin esa demanda social.

Mi argumento es que las altas expectativas sobre el valor del título (real o simbólico) han ejercido una fuerte presión sobre la institución y han modelado, en consecuencia, la estructura académica basada en facultades y carreras (un sistema de titulación rígida y masiva), sus formas de gobierno y sus modos de hacer. Un ejemplo es suficiente: el ingreso libre y gratuito. El resultado de este proceso es altamente paradójico pues ha permitido, de un lado, la democratización en el acceso de educación superior (uno de los objetivos históricos del movimiento universitario), pero ha provocado, entre otros efectos, la inflación de títulos y el deterioro de la calidad de la enseñanza.

Por otra parte, también se le pide a la universidad pública que cumpla con una función cognitiva: la producción, apropiación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico. Estamos ante otra demanda social, tan legítima como la primera, particularmente exigida por las diversas instituciones estatales y por sectores privados vinculados con la producción y los servicios. No obstante, visto el sobredimensionamiento de la función “credencialista”, esta “otra” universidad, la academia, no cuenta con recursos económicos y humanos para desarrollar a plenitud con sus actividades. Así, los profesores que pueden impartir una cátedra en la licenciatura no tienen competencias para dirigir procesos de investigación. Claramente, la formación de profesionales subordina a la función cognitiva.

Luego, la universidad pública es a la vez un centro de producción de conocimientos y una institución polivalente de formación profesional. ¿Son incompatibles estos fines? A priori no lo son, por supuesto. El problema es el desequilibrio entre ambas universidades y la ausencia de articulaciones entre ellas.

En base a este diagnóstico surge una doble agenda: la reorganización de las licenciaturas y la consolidación de una academia, en sentido estricto. El ciclo de licenciaturas debe responder a las demandas masivas de titulación y, por tanto, debe ser flexible tanto en el ingreso como en las modalidades de titulación. Una idea interesante es acortar la duración de la licenciatura, siempre que esté acompañada por la transformación del currículo, una tarea gigantesca.

La academia, en cambio, debe estar vertebrada por la investigación científica, la enseñanza por problemas y la inserción de la universidad en redes de conocimiento global. Ella debe estar conformada por un robusto sistema de posgrado que incluya las maestrías y los doctorados, preservando su estatuto de bien público, pero sustrayéndola de los juegos de poder entre estamentos. El acceso de docentes y alumnos a la academia debe ser exigente tanto para los alumnos como para los profesores. Ambos niveles deben acoplarse mediante lazos fuertes.

Éstas son meras pistas, intuiciones. Lo importante es concebir la reforma de la UMSS como un proceso y no como la aplicación de un modelo rígido. Necesitamos liberar esas fuerzas de cambio.

El autor es sociólogo.