Guerra contra el libre comercio

Para luchar contra el libre comercio, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural mediante el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones decidió activar el Comité Interinstitucional de Defensa Comercial (Cideco), creado por D.S. 28594 (2005) en la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé, que resulta ser una mesa de burócratas que deciden que se importa, vende y consume en Bolivia.

Ahora, una serie de decretos ponen barreras a la importación, por ejemplo, el D.S. 2522 (2015) establece que los permisos del Senasag para productos agropecuarios, entre ellos, maderas, hortalizas, frutas, cereales en grano, lácteos (leche fluida, natas, queso), carnes, deben obtenerse previo embarque de los mismos en país de origen. El D.S. 2657 (2016) establece que para uvas y bebidas alcohólicas se debe obtener permiso previo que se otorga en el plazo de 30 días con un arancel máximo de 40 por ciento. De igual manera, el D.S. 2751 (2016) establece que los permisos sanitarios de Senasag para aceite, azúcar y bebidas alcohólicas deben tener autorizaciones previas en el plazo de 30 días. El D.S. 2752 implementa el requisito de autorización previa para prendas de vestir, textiles, calzados y muebles, estableciendo 60 días para obtener su autorización.

Es decir, quienes no producen (burócratas) deciden otorgar o no autorización de importación de productos beneficiando y privilegiando algunos clientes políticos empresarios para violar el derecho de elegir de los consumidores, como el derecho de libre comercio de importadores, no sólo aumentando aranceles al máximo (40 por ciento) sino que realizando medidas para arancelarias como el tiempo de espera para las autorizaciones hasta 60 días, olvidando que las transacciones de comercio exterior son dinámicas y tratan de ahorrar en tiempo lo que se tarda en transporte, se suman estas barreras burocráticas que impiden el flujo normal de mercaderías ¿Qué proveedor guarda en depósito 60 días una mercadería para esperar que el Gobierno del país de destino autorice o no la importación?

Ya lo decía Milton Friedman que el principal enemigo del capitalismo competitivo es el empresario, aquel que busca obtener para sí privilegios y protección del Estado con barreras a la competencia. Antes, Frédéric Bastiat en 1845 con su célebre: “Petición de los fabricantes de velas” ironizaba sobre las ventajas que obtuviera la industria nacional si el Gobierno limitaba la competencia desleal de la potencia extranjera denominada el sol. Bloquear al astro rey cerrando todas las ventanas, traería consigo incremento de producción de sebo, entonces mayor producción de carne, lana, cueros, aceite vegetal, aceite de ballenas, cultivo de amapolas, aceitunas, árboles resinosos, incremento de abejas, polinización de cultivos, logrando con este sofisma económico posicionar a Francia como una potencia económica.

Los índices de libertad económica, competitividad y negocios nos sitúan entre los países más hostiles al comercio; mientras se benefician unos cuantos empresarios con estas medidas proteccionistas, quienes se ven afectados son los pobres que ven cómo se incrementan los precios de los alimentos, bebidas, zapatos, ropa y muebles; no pudiendo acceder a ellos por su costoso precio por causa de los aranceles excesivos, además de soportar la calidad de productos que no tienen que competir para ser atractivos a los consumidores acostumbrados a lo bueno, bonito y barato. No sólo eso, también afecta la seguridad de quienes han podido formalizarse, condenándolos a medidas innecesarias de orden subjetivo y político, forzándolos a recurrir al contrabando, es decir, optar por ser informales, de esta manera criminalizamos la libertad de comercio.

El autor es representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa (ILCE).