“Corrupción Cero”, historia de un olvido
Tanto los prosélitos incondicionales del “proceso de cambio”, como sus principales líderes y mandos medios, nos han repetido varias veces al día durante los últimos diez años, que ningún presidente ha hecho tanto por Bolivia como Evo Morales.
No obstante, comparando los contenidos discursivos de autolegitimación política del MAS, relativos a sus primeros meses, o años, en el poder, respecto a los de sus últimos tiempos, surge patente un agudo contraste: ¿Recuerda la tan proclamada consigna “tolerancia cero a la corrupción”? Según argüían los militantes del MAS, sobre todo el “jefazo”, la “corrupción cero” sería un distintivo central de la “revolución democrática”, frente a los 180 años previos de vida republicana, en especial aquellos del periodo neoliberal.
Actualmente ningún militante respetable del MAS interpela a la “corrupción cero” como fuente de legitimación. ¿Amnesia?, ¿Desde cuándo? En rigor a los hechos, la vigencia de aquella consigna, más allá del mero enunciado discursivo, fue muy efímera, si alguna tuvo.
Vemos la cuestión en el caso de YPFB. Su primer presidente, Jorge Alvarado (nombrado en el 2006), apareció involucrado en un caso de contrabando de petróleo al Brasil y tuvo que renunciar. Manuel Morales Olivera, posesionado presidente de YPFB en enero del 2007, corrió igual suerte antes de cumplir un mes en el cargo, aunque por otras causas. Inesperadamente salieron a luz pública unas fotografías donde figura, junto con sus funcionarios, de jarana en alguna playa cubana, cuando debía estar asistiendo a un curso de fiscalización petrolera en La Habana.
¿Y Santos Ramírez? Fue el quinto presidente de YPFB que nombró Evo Morales y ocupó el cargo de marzo de 2008 a enero de 2009. Fue destituido a raíz de un sonado escándalo de corrupción por la licitación irregular de la planta separadora de líquidos a construirse en Río Grande. Poco después, Santos Ramírez fue enviado a prisión preventiva, juzgado, hallado culpable y condenado a 12 años de prisión por daños al Estado.
Carlos Villegas (presidente sucesor a Santos), prosiguió el plan de Río Grande y entregó la planta separadora en mayo de 2013, pero con un proyecto que terminó costando unos 181 millones de dólares, 94.6 millones más de lo que previó Santos Ramírez, y 22 millones más de lo programado en su propia planificación. Incluso, al licitarse la planta de Río Grande, Santos declaró en la prensa: “Hoy lo que hemos visto es una estafa legalizada, porque la nueva planta va a costar 159 millones de dólares, esto vamos a debatir este proceso, eso sí es una estafa legalizada en contra del país… tiene más de $73 millones de sobreprecio”.
De cualquier forma, no pasó nada. La defraudación de Ramírez fue demasiado escandalosa: ¡intentó robarse el dinero de su propia coima para cobrarlo dos veces! En ese marco, sus denuncias, con o sin fundamento, cayeron en saco roto. Al parecer, hasta el año 2013, con Santos preso, era suficiente para mantener a flote la consigna de “corrupción cero”, aun cuando el gobierno ya tenía un nutrido acervo de escándalos de corrupción no esclarecidos.
Al parecer, la amnesia sobrevino entre las denuncias por los desfalcos al Fondo Indígena y las de tráfico de influencias, que vinculaba el nombramiento de Gabriela Zapata como gerente de Camce, al presunto hijo fruto de su relación íntima con Evo Morales. Como sea, indudablemente, a estas alturas del partido, al gobierno le resulta más barato omitir de su discurso aquella proclama, tan estelar en otro tiempo.
El autor es economista.
Columnas de JUAN JOSÉ ANAYA GIORGIS
