Administración de justicia y linchamiento

Antes de la promulgación  de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 en junio de 2010, se disponía que los diferentes juzgados trabajen de lunes a sábados, sábados hasta medio día. Con la última reforma se dispone mediante el Artículo 123. I: “Son días hábiles de la semana para las labores judiciales, de lunes a viernes”. Creemos que con esta medida se complica la atención de litigantes que trabajan toda la semana y tienen por lo menos el sábado para hacer algún tipo de diligencia; en el área rural el panorama es más difícil, porque en las comunidades suelen utilizar el domingo para convocar sus asambleas debido a las distancias que existen, pero la administración de justicia ya desde sábado tiene las puertas cerradas. Siendo que sábado es un día comercial, “de feria”, las notarías no pueden atender reconocimientos de firmas para contratos de compra-venta de vehículos, ni se cuenta con registros de Derechos Reales para verificar la propiedad de inmuebles. Ni mencionar la llegada de las vacaciones colectivas judiciales, 25 días que estarán cerrados la mayoría de los juzgados para perjuicio de los litigantes que esperan una justicia ágil y oportuna.

Son muchos los aspectos por los cuales podemos afirmar que no sólo existe una crisis en la administración de justicia,  desde la elección popular de magistrados electos por criterios políticos antes que meritorios en base a conocimientos y experiencia. Como consecuencia tenemos en todos los ámbitos funcionarios militantes masistas. Mientras el presidente va a todas las inauguraciones de campeonatos de fútbol, no existe un presupuesto para otorgar a jueces y litigantes una infraestructura adecuada siquiera para sentarse y litigar por horas. Se gasta más en el Ministerio de Comunicación que en justicia. Cabe recordar que de 337 municipios solo 180 tienen juzgado.

Desde la formación de los juristas comienza la corrupción. Lo que ha sucedido en la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón donde un estudiante, un docente y el decano Freddy Arze se encuentran inmersos en casos de corrupción, nos debe hacer reflexionar. La retardación de justicia, sobrecarga judicial, dilatación con fines corruptos, etc., que tienen al 80 por ciento de detenidos sin sentencia, nos conduce a pensar por qué existe una ola de linchamientos crueles seguidos de muerte. Para nosotros no existe más responsable que el Estado. Desde los pasillos de las aulas de la educación pública, las frías y sucias carceletas de los barrios periurbanos y comunidades rurales, hasta los despachos y salas de audiencia de los juzgados, nos demuestran que la justicia no es prioridad del gobernante, quien tiene jueces y fiscales para meterle ilegalmente, mientras que para los enemigos está la ley.

 Estos son los motivos por los cuales los liberales clásicos defienden un Estado y Gobierno limitado con las siguientes funciones básicas: justicia, seguridad e infraestructura, pero son las áreas en las que justamente el Estado Plurinacional se ha aplazado.

Las tareas básicas y fundamentales por las cuales ha sido creado el Estado no son ni medianamente bien servidas. Esto produce frustración en los ciudadanos que ven en sus manos la única vía de ajusticiar de forma cruel, ilegal, inhumana, injusta, pero movida por esa falta básica de un Estado débil en otorgar justicia y seguridad, pero fuerte para pagar lujos excéntricos, propaganda, controlar la economía y entregar negociados a amigotes y amantes. Estos son los síntomas del estatismo mercantilista, una degeneración e involución de los gobernantes y gobernados a estadios de violencia sin límite, que sólo puede ser frenada por una mentalidad de respeto de la esfera privada, el individuo, algo que el liberalismo puede otorgar.

El autor es representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa (ILCE).