El costoso cumplimiento de la ley

Basado en los estudios de Ronald H. Coase y el Análisis Económico del Derecho, presentado fundamentalmente en las obras “El problema del coste social” y “La naturaleza de la empresa”, el abogado peruano Enrique Ghersi concluye que “la ley es costosa”. Eso se puede confirmar en las calles y mercados de nuestras ciudades, ocupadas por informales que representan la mayoría que busca sobrevivir realizando actividades al margen de la ley.

Los antropólogos dirán que la informalidad es parte de la cultura, los sociólogos se enfocarán en la pobreza y los abogados observarán el incumplimiento de la ley; mientras el Análisis Económico del Derecho concluirá que son informales aquellas actividades donde las personas directamente involucradas, así como la sociedad en su conjunto, están mejor si la ley nominalmente aplicada al caso es violada que si es cumplida, ¿pero, de qué manera violar la ley puede ser beneficioso?

Si la ley sirve para protegernos del abuso, también puede ocurrir lo contrario, en vez de limitar el poder puede ser la expresión del poder abusivo; puede ser que cumplir la norma signifique un alto costo que exceda los beneficios para las personas. Así, los abogados cometen el error de pensar que la ley es gratuita, pero lo cierto es que cumplir la ley requiere de invertir tiempo y conocimiento e información. El tiempo que uno puede gastar en su trabajo tiene que ser empleado en llenar y presentar formularios, hacer filas, esperar audiencias, inspecciones, etc. El conocimiento e información especializada que muchas veces ni abogados, contadores o auditores conocen por la discrecionalidad de las oficinas públicas y la constante promulgación de decretos, resoluciones, directivas, etc., que son contrarias, modifican, suprimen, reponen órdenes, requiere que las personas contraten profesionales; tan sólo verifiquemos la complejidad de las normas tributarias creadas para ser violadas y obtener ingresos a favor del Estado. Hoy en día toda esa información que se necesita para cumplir la ley requiere de estudios informáticos que desconocen los más humildes emprendedores; cuando se paga por ejemplo el IVA, no sólo se está pagando la alícuota, sino también el tiempo que se invierte en llenar formularios, presentarlos, pagarlos, honrar honorarios de los contadores, etc.

Así Coase y Ghersi nos convencen de los altos costes de la formalidad. No sólo cuando uno trata de ingresar al mercado se topa con exagerados requisitos para obtener licencias de funcionamiento, matrículas, patentes, manifiestos ambientales, etc., también mantenerse es una pesadilla por los elevados y numerosos impuestos y aranceles aduaneros, medidas para arancelarias, normativa laboral, planillas laborales, actualizaciones de registro, normas de seguridad social, que obligan a los pequeños y medianos empresarios a no contratar empleados, contratarlos informalmente o recurrir a la automatización industrial; lo mismo, la dificultad de salir del mercado, cerrar balances o pagar multas administrativas antes que acreencias.

Pero ¿la ley cuesta a todos por igual? Quienes ganan menos sufren más, quienes ganan más sufren menos, un valorado de 100 bolivianos para algunos no representa nada, para otros puede significar la ganancia del día, por eso muchos prefieren la informalidad. Entonces, el sistema tiene que tender a informalizar a los formales, no formalizar a los informales, es decir, reducir a la mínima expresión los requisitos para ingresar, permanecer y salir del mercado formal, así tendremos un Estado de derecho y no un mero Estado legislativo, que pierde legitimidad ante la mayoría, se separa y los discrimina. Todos queremos beneficiarnos de las oportunidades que nos brinda el capitalismo competitivo, capitalismo para todos, capitalismo para los pobres.

El autor es representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa (ILCE).