¡Caiga quien (yo quiero que) caiga!

En cada uno de los siempre más frecuentes y conocidos escándalos del actual Gobierno, los ciudadanos sufrimos el castigo adicional de que se nos tome soberanamente el pelo con la consabida promesa de investigar a fondo “¡caiga quien caiga!”.

El último escándalo, revelado por personeros del mismo Gobierno, a raíz de una denuncia del senador Oscar Ortiz, ha involucrado a mandos medios y altos de la estatal petrolera YPFB. Hay presos y prófugos, abogados, verdaderos y truchos, ingenieros y técnicos, pero, al igual que mis lectores, sospecho que a la promesa de marras le falta un paréntesis: “¡Caiga quien (Yo diga) que caiga!”.

No me voy al fondo del informe del Jefe de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, el respetable político Edmundo Novillo, ni de la consecuente denuncia del Ministro de Justicia que, finalmente, la investigación de los fiscales aclarará, si será llevada con independencia. Percibo, sin embargo, en la gente una molestia generalizada porque se estaría midiendo con diferentes pesos a los funcionarios presuntamente involucrados en delitos.

No tengo ningún encono personal contra el “renunciado” Presidente de YPFB ni contra su Directorio, pero, con base en mi limitada experiencia en Consejos de Administración, no dudo que la responsabilidad objeto de la investigación debería llegar a esos niveles de autoridad y decisión, e incluso más arriba. ¿Por qué?

Por más resoluciones internas que se hagan para agilizar y optimizar los procesos de compras, la responsabilidad recae siempre sobre la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de una institución; en el Presidente de YPFB, en el caso de los taladros. Es él, y ningún otro cargo, quien presenta y avala ante el Directorio la resolución para adjudicar la compra, firmar el contrato y autorizar la entrega de los recursos a la empresa ganadora (148 millones de dólares, en este caso). Por tanto, el expresidente de YPFB ha conocido y avalado (incluso defendido, posteriormente a las denuncias) el proceso de adjudicación y, por tanto, es responsable ante el Directorio de la correcta tramitación de ese proceso.

Adicionalmente, se sabe que el personal investigado es parte del personal de confianza del expresidente de YPFB. No ha ingresado por concurso público de méritos, sino por voluntad de las autoridades del sector, de modo que la MAE de YPFB debe asumir la responsabilidad de lo realizado por “su” equipo independientemente de su renuncia al cargo. Y, si los implicados son interinos —al igual que todos las MAE de YPFB de los últimos 11 años—, a mayor razón los que los nombraron deben responder por sus actos. Incluso el que nombró al destituido Presidente de YPFB.

A este respecto, hay que reclamar una vez más a la Asamblea Legislativa una Ley del Interinato que sancione, en caso de irregularidades cometidas por cargos interinos, a quienes los nombraron a dedo por un tiempo superior a los 90 días. De existir esa norma, muchas altas autoridades pensarían cien veces antes de prorrogar en un cargo a un interino, máxime cuando se tiene reglamentos y  números para nombrar titulares. Desconozco, aunque lo intuyo, porqué no lo hacen.

En fin, por lo anterior, es inexplicable que no se haya incluido desde un comienzo a la MAE de YPFB en la investigación, repito, promovida por el mismo Gobierno, y no se haya apartado de inmediato de sus cargos a quienes por ley deben responder ante la justicia de los actos propios y de sus subalternos.

Si, al margen de la tardía renuncia, no se incluye a Guillermo Achá en la investigación en curso, tendremos otra prueba de que en el MAS renuncias y silencios son garantía de cargos y premios, porque, al final, sólo “caerán quienes Yo quiero que caigan”.

El autor es físico y analista.