¿Podrá la economía salvar al Gobierno?

Retomo la pluma dominical después de unas breves vacaciones en el sur de Bolivia que guarda mi niñez y una belleza natural que resiste los látigos del tiempo.

Entre tanto, la coyuntura social y política en el país es implacable, no da tregua a sus actores y lectores, ni descansa frente a las fiestas de fin de año. Como resultado de la arbitraria decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de permitir la reelección indefinida de Evo Morales desconociendo la voluntad mayoritaria del referendo del 21 de febrero y la artera promulgación del Código Penal se aceleraron tensiones sociales y regionales. Parte importante de la sociedad se organizó para la defensa de la democracia e inesperadamente, los médicos liderizaron una revuelta de las clases medias contra artículos del Código Penal que criminalizaban el ejercicio de su profesión.

El despertar de la sociedad civil y la intensificación de los conflictos sociales marcaran tendencias del año electoral que abre sus cortinas. Además, en esta nueva coyuntura, el Gobierno enfrenta una fuerte pérdida de legitimidad y suporte político que tiene causas múltiples: agotamiento después de 12 años de gobierno, varios casos de corrupción no resueltos, fracaso de varias políticas públicas, inoperancia de varias empresas estatales, errores políticos de magnitud como el atropello a la Constitución, prepotencia en la gestión del poder y otros. Frente al evidente desgaste, el Gobierno perdió en norte estratégico y la iniciativa política. Para contrarrestar el declive, la administración Morales se ha refugiado en la retórica y práctica autoritaria. Revive el discurso guerrero y violento que polariza la sociedad boliviana. Es el tiempo del pato o gallareta. La verdad revolucionaria debe vencer a la mentira conspiradora.

La protesta social y política es vista como una conspiración. Para los estrategas del Gobierno, el proceso de cambio entró en su fase revolucionaria, se debe aplastar a todo que se oponga al proyecto de poder. Arrinconados por sus propios errores, el reverdecer de la sociedad y una oposición aún muy débil, pero más activa, el Gobierno retoma el discurso de la victimización, que en el pasado le funcionó muy bien, pero que ahora sólo es efectivo para sus bases más radicales. Existe una conspiración contra el indígena. Todo se reduce a un tema racial, se retoma el lado fanático y religioso del proceso. El culto a la personalidad se convierte en arma política. Sin el Evo no hay vida, futuro o mejoras económicas. El nacional populismo apela a la emoción y el sentimiento para defenderse y se agazapa en el autoritarismo. Entre tanto, el terreno social y política ahora es más pantanoso e incierto. La creación o relanzamiento de enemigos internos y externos es cada vez menos creíble. Son pocos los soportes racionales que habiliten las acciones del Gobierno. El último recurso de legitimidad parece ser el desempeño económico de los últimos años vehiculado por el Gobierno como de los puntos más altos de su gestión. ¿Podrá el evoeconomics salvar el proyecto político? ¿O más bien estamos frente a un ídolo de barro?

Concentrémonos en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que según el Gobierno, es uno de sus logros más importantes. En 12 años de gestión el PIB creció en promedio a una tasa cercana al 5% gracias a la bonanza inédita del sector externo debido a los fabulosos precios de las materias primas y cuando este ciclo, acabo en el 2015, en base a una fuerte sustentación de la demanda interna apoyada en la inversión y gasto público. Pero cabe recordar, que desde el 2013, el crecimiento del PIB es cada vez menor, lo que muestra la gradual inefectividad de las políticas keynesianas. El 2013, el PIB llegó a 6,8%. En el 2014, el crecimiento fue de 5,5%. Un año más tarde, 2015, una vez más el aparato productivo boliviano redujo el ritmo de su crecimiento a 4,9%. El 2016, el incremento tan solo fue de 4,3%. El frenazo continuó en el 2017, el PIB registró el 3,87% (tres primeros semestres). Cabe resaltar que la ralentización de la economía se da en un contexto de deterioro de indicadores macroeconómicos: 5 años consecutivos de déficit público, 3 años de desajuste comercial (importaciones mayores que las exportaciones), incremento de la deuda interna y externa (más del 40% del PIB), pérdida de reservas internacionales (éstas bajaron de cerca de 15 mil millones de dólares a 10 mil millones), tipo de cambio real apreciado (entorno del 26% según el FMI) y gasto e inversión pública ineficientes. Concentrémonos en estas últimas variables que son elementos centrales en la demanda doméstica que sostiene el crecimiento. El gasto publico corriente sigue elevado y superfluo y la inversión pública es poco efectiva. En efecto, ésta aumentó significativamente entre el 2013 y 2017, paso de 4,600 a 7,000 millones de dólares, pero paradójicamente el crecimiento del PIB fue, año a año, menor. Esto muestra dos cosas: i) la insostenibilidad financiera de mediado plazo de estas políticas públicas y ii) los limites estructurales del modelo económico estatista primario exportador.

Desde una perspectiva de cortísimo plazo el desempeño económico continuará siendo una fuente de oxigeno político para el Gobierno. En el 2018, ciertamente el Gobierno echara la casa por la ventana en materia de gastos e inversiones públicas con el objetivo de ganar las elecciones. Pero el futuro está hipotecado porque, desde una perspectiva estructural, se perdió una gran oportunidad para diversificar el aparato productivo teniendo 60 mil millones de dólares adicionales de ingresos y en un mediano plazo, los costos de mantener la burbuja de consumo son muy elevados. En el 2019, el presiente Morales reelecto o un gobernante de la oposición en el poder deberán realizar ajustes dolorosos en la economía si no se quiere enfrentar una crisis económica de magnitud.

El autor es economista