Perseguido político corrupto

Durante todo el siglo XX los partidos políticos bolivianos se caracterizaron por repartir favores y prebendas entre sus militantes de las jerarquías más altas, sin considerar a los estamentos bajos, contentándolos con baratijas. Generalmente estas redes corruptas no permitían que otro tipo de intereses ingresen en el círculo inmoral. Ya en el siglo XXI se ha establecido un nuevo mecanismo que distribuye de manera justa y equilibrada los productos del envilecimiento político, entre los jerarcas y los subalternos que organizan transversalmente todo el proceso delictual. Sin dudar, afirmaría que se ha democratizado el acceso a la corrupción, desde las bases hasta los centros de mando en el poder, respondiendo a un organigrama, con funciones y tareas que se deben ejecutar de manera científicamente coordinada.

El caso de las Mochilas Chinas, es el ejemplo más reciente y muy útil para demostrar que las organizaciones criminales que operan en el ámbito político no tienen dificultad alguna, ni obstáculo, que les impida lograr sus fines desde la primera orden hasta la consumación del delito. En la actualidad estas tramas incluyen no sólo a los operadores políticos que cumplen funciones en los entes estatales, sino también a los proveedores de bienes y servicios que pululan en el sector privado. Tal es así que la ideación de toda esta asquerosa trama corrupta de la compra de las mochilas estaba perfectamente diseñada en los detalles más mínimos.

Este pasado viernes, el partido político Demócratas, ha aparecido con sus líderes para ratificar su pleno respaldo al alcalde cochabambino, José María Leyes. Manifestaron que: “No es el primero ni será el último perseguido político del régimen de Evo Morales. Sus sentencias no las dicta un juez, se dictan en el Palacio de Gobierno”, refriéndose tangencialmente a su implicación en el caso Mochilas. A mí me ha quedado muy claro el escenario, ya que los esfuerzos que están realizando los aliados políticos del burgomaestre cochabambino para demostrar su honradez, cada día que pasa, le resultan insuficientes y muy insignificantes para poder sostener la presunción de inocencia a la que tiene derecho. Les debe resultar difícil encontrar algún justificativo válido para desligar al perseguido político del acto de corrupción.

Hemos llegado a un estado en que la corrupción resulta siendo una norma en nuestra vida cotidiana; a tal grado que la honestidad ya es una excepción absolutamente marginal en la escala de valores que exige la pacífica convivencia en una sociedad civilizada. Ahora los ciudadanos, desde el punto de vista de los políticos bolivianos, nos dividimos en dos grandes grupos: los más corruptos y los menos corruptos.

Una de las actitudes que siempre me ha causado sospecha es la facilidad con la que los socios políticos de un personaje caído en desgracia, por actos de malversación, le prestan su apoyo moral y material en sendas conferencias de prensa. Ahí es donde se rasgan las vestiduras defendiendo al perseguido político, sin reparar siquiera que existe la cláusula jurídica que indica que se presume la inocencia del perseguido político hasta que se demuestre lo contrario, es decir: un perseguido político corrupto. Yo espero que los líderes del partido político Demócratas aparezcan, más adelante, en una conferencia de prensa para condenar al alcalde cochabambino, en caso de que se demuestre que la compra de las mochilas era un acto público absolutamente corrupto, ideado por él.

El autor es abogado