¿Quién sigue?
Es cierto que los empresarios ganaron mucho dinero en la larga gestión del presidente Evo Morales y por eso ninguno de ellos ha negado lo afirmado por su Excelencia. Unos ganaron un poco más y otros menos, pero muchos recibieron la promesa de que todo iría mejor. Eso hizo que aplaudieran los proyectos de exportación, de nuevas inversiones, mientras sucedían cosas que preferían no comentar.
El primero de mayo pasado se consolida la creación de las denominadas empresas sociales, un proyecto que fue paralizado el año pasado porque no había las condiciones objetivas para aprobar la norma. Creadas las mismas, coptación institucional, se promulga la Ley 1055 y empieza una nueva historia.
Según parlamentarios oficialistas la ley no hace más que cumplir lo que dictamina la Constitución. Si fuese así por qué no se dictó la ley el año pasado. Y no quedó más que revisar la Carta Magna para buscar el porqué. En ella está reconocida la actividad privada, la comunitaria así como la empresa cooperativa. Se deja establecido que el Estado privilegia la actividad económica comunitaria. Asimismo, la responsabilidad estatal en las áreas consideradas estratégicas y en la producción de bienes y servicios. Mas no justifica la creación de empresas sociales a partir de la quiebra de las privadas, tanto en la Sección IV Derecho a la Propiedad como en la Cuarta Parte Estructura y Organización Económica del Estado.
Las organizaciones de los privados harán sus trámites legales, recursos de inconstitucionalidad, los reclamos en los foros internacionales donde tendrán más aceptación que en las instancias nacionales. La batalla es dura porque la decisión del poder es más política que económica y se olvida de los pequeños emprendimientos.
Hay un gesto de buena voluntad con los trabajadores que ven en esa ley un apoyo gubernamental, pero es difícil que ellos puedan reflotar una empresa quebrada por motivos de mercado y no por el mal manejo del empresario. Sin créditos, sin viabilidad económica, sin capital, sin mercados, los obreros tendrán en sus manos un presente griego.
Las empresas quiebran por diversos motivos. Una quiebra denominémosla honesta, no debería ser un pecado. Lo que el Estado debería hacer es crear las condiciones para que se lleve a cabo en un marco de racionalidad, lo cual permite que el emprendedor cambie de rubro, explore otras alternativas. Para ello se necesita de un Estado que de verdad respete la actividad privada, la propiedad privada. Lo contrario son señales que la iniciativa individual o colectiva al margen del paraguas del Gobierno, no es bienvenida. Y el capital es muy miedoso.
Queda la incógnita de si ahora es la propiedad del empresario, por qué no puede darse en el ámbito de los bienes individuales como inmuebles u otros al margen de actividades de producción.
El autor es periodista.
Columnas de JORGE MELGAR RIOJA


















