Felonía

El proceso que ha seguido el caso de la empresa Quiborax parece un microcosmos de nuestra realidad estatal por la suma de hechos que se han sucedido desde 2004, cuando el Poder Ejecutivo decidió nacionalizarla, hasta llegar a la situación actual en la que el gobierno, que ha hecho de la presencia del Estado en todos los ámbitos de la economía una bandera, pretende condenar aquella decisión

Entre esos hechos, uno es la existencia de un elevado grado de ineficiencia burocrática: el primer decreto nacionalizador tuvo que ser corregido en forma posterior, pero se lo hizo. También hay falta de compromiso estatal, pues quienes accedieron al poder en 2006 se olvidaron de que existe la fe del Estado y las autoridades, particularmente los actuales ministros de ¿Justicia? y Procurador General fueron negligentes e irresponsables en el tratamiento del tema. Hay falta total de transparencia como declarar en reserva los contratos suscritos por el gobierno con estudios jurídicos para seguir el caso y existen acciones sospechosas de connivencia con la contraparte, como dar a sus representantes y abogados acceso a documentos oficiales, prestarles computadores del Estado y, particularmente, dejar que de un monto inicialmente exigido por la empresa de tres millones de dólares se transe, finalmente, en más de 40 millones.

Adicionalmente, se debe recordar que las veces que el tema ingresaba en la agenda informativa por algún trascendido sobre el curso del proceso, particularmente las autoridades mencionadas –el actual ministro de ¿Justicia? y el Procurador– asumían actitudes de triunfalismo, rechazaban y descalificaban las advertencias que se iban formulando sobre su mal rumbo, exhibían datos falsos y se autoproclamaban defensores de los intereses del Estado.

Cuando finalmente se conoció el dictamen de dicho malhadado proceso, se ha optado por no reconocer errores sino por utilizar el Ministerio Público, una vez más, como organismo de represión política al instruírsele que abra un proceso en contra del expresidente Carlos Mesa, mientras que, con aplausos incluidos, la mayoría de la Asamblea Legislativa (de la que ojalá se olvide la historia) ha decidido mantener a los responsables objetivos del fracaso en la más absoluta y prepotente impunidad.

El caso, además, trasciende lo meramente jurídico. Por un lado, muestra también la virtual traición del Primer Mandatario a su promesa de no utilizar el juicio incoado en contra de Chile en La Haya en problemas de política interna, pues ha asestado un duro golpe a su desarrollo al permitir que se enjuicie, sin causa, al principal vocero de esa estrategia, Carlos Mesa, sólo por su creciente liderazgo político en el campo opositor.

Por otro lado, aparecen figuras de viejo cuño y nuevas que se han pronunciado sobre el tema, respaldando al expresidente Mesa y presentando una visión de fondo del problema, como también viejos actores políticos que con lágrimas de cocodrilo dicen dar su apoyo al exmandatario tratando, empero, de pescar en río revuelto.

Buscando una palabra que pueda expresar el microcosmos reseñado encontré en el Diccionario de María Moliner “felonía” que es: “Acción propia de un felón”, cuyos sinónimos registrados son falso, traidor, “Capaz de cometer actos viles en los que hay engaño, traición o cobardía”.

Todo eso se encuentra en el microcosmos Quiborax.

Ojalá que las autoridades calibren con seriedad la gravedad del asunto y con responsabilidad cambien de actitud instruyendo que se procese a quienes corresponde y se deje de aprovechar el caso para acosar a adversarios políticos, en este caso el expresidente Mesa. Y procedan de esa manera no sólo porque es su deber, sino porque tienen 80 semanas más para hacerlo y así evitar que sea una tarea que deban cumplir los nuevos inquilinos del Palacio de Gobierno, sea en la vieja casona o en el nuevo rascacielos.

El autor fue director de Los Tiempos entre 2010-2018