La discriminación contra el sector privado

El Art. 306 de la Constitución Política del Estado, establece que en Bolivia existen cuatro formas de organización económica: comunitaria, estatal, privada y social cooperativa; estos tipos de economía, según el mismo Artículo, se basan en principios como la igualdad, justicia y equilibrio. Pese a esta definición, es evidente que el sector privado en Bolivia sufre un proceso de discriminación sistemático, que se refleja en algunos ámbitos como la política laboral y salarial, la presión tributaria, el acceso a fuentes de financiamiento y la desprotección frente a la informalidad y el contrabando.

En los últimos nueve años, el Banco Central erogó créditos por 8.424 millones de dólares a las empresas estratégicas del Estado; a plazos entre 18 y 50 años, y tasas de interés de hasta 0,62%, condiciones que jamás se le otorgarían a las empresas privadas.  Pese a que manejan recursos públicos, si estas empresas quiebran, son negligentes o hacen mal uso de los recursos, ningún Ministro o Director será sancionado ni se aplicará la Ley de Empresas Sociales ni se producirán juicios ni se confiscará ningún bien: el Estado, es decir todos los bolivianos, pagaremos los costos. Eso no ocurre con las privadas que, en esos casos serán sujetos de juicios laborales, confiscaciones y pérdidas, de las que muchas veces no podrá recuperarse.

En el tema salarial, los únicos que están obligados a aumentar anualmente los sueldos son los privados; las entidades del Estado pueden hacerlo a su voluntad y, en el caso de las empresas públicas, se les permite considerar factores como la disponibilidad de recursos, utilidades proyectadas y productividad.  Aún más, la norma establece inamovilidad incondicionada para el trabajador en el sector privado, mientras en el ámbito público la permanencia de un trabajador depende de la posibilidad de las entidades, el desempeño laboral o las decisiones casi arbitrarias de las autoridades.

En el 88% de los procesos laborales por reincorporación en el sector privado, el Ministerio de Trabajo falla a favor de los trabajadores.  Es decir que resulta casi imposible para una empresa, desvincular a un dependiente, aunque ya no pueda mantenerlo o haya incurrido en faltas graves, lo que no ocurre en las entidades estatales, en las que un simple cambio de gestión o de jefaturas, produce automáticamente una cadena de despidos masivos que no tiene ninguna consecuencia.

La definición de la política laboral y la negociación del aumento al salario mínimo, excluyen sistemáticamente al sector privado, pese a que los Convenios 122 y 131 de la OIT definen que la institucionalidad empresarial debe ser convocada en igualdad de condiciones.   Esta actitud se repite por ejemplo en la definición de políticas de producción y desarrollo, pese a que el sector privado es el que, al final, asume esas tareas.

En cuanto a la creación de empresas públicas, éstas se han convertido en un aparato económico paralelo, destinado a competir con las empresas privadas formales, en un reducido mercado, fuertemente afectado por la informalidad y el contrabando.  Además de las ventajas anotadas, se benefician con preferencias especiales en el propio mercado, ya que en algunos casos se obliga al sector público a la contratación exclusiva de sus servicios, dejando fuera al sector privado.

Esta discriminación está generando un peligroso camino hacia la mayor informalización de la economía y el empleo, y a la precarización del empresariado que genera el 70% del trabajo decente, representa el 62% del PIB a precios corrientes y contribuye con el 96% de la recaudación tributaria, sin considerar los impuestos de YPFB.

El autor es presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia