El caso Odebrecht debe seguir siendo investigado
La fatal decisión del expresidente de Perú, Alan García, de suicidarse no debe detener el trabajo de la justicia de varios países que estuvieron ligados al caso Odebrecht.
Las investigaciones sobre la trama de corrupción más grande registrada en América Latina deben realizarse apegadas al estricto rigor de la ley y sin distinguir colores o partidos políticos, ni rasgos sociales, ni económicos.
Los fiscales latinoamericanos tienen el deber de seguir trabajando de la mano de la ley y con criterios razonables para evitar que sean señalados como abusivos.
Hasta el momento, los investigados, y eventuales encarcelados, provienen de una decena de países latinoamericanos que estuvieron involucrados directa o indirectamente con la empresa constructora brasileña Odebrecht.
A consecuencia de las confesiones en Brasil de la empresa, que también opera en Estados Unidos, las autoridades estadounidenses aplicaron a Odebrecht el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero y abrieron la correspondiente investigación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en diciembre de 2016 el alcance económico y los países de destino —788 millones de dólares entre Latinoamérica y África— de los sobornos de Odebrecht.
Los datos revelados por Estados Unidos, que Odebrecht ha asumido y por los que ha aceptado pagar una millonaria multa de alrededor de 3.500 millones de dólares, mencionan textualmente a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” como destinatarios de los sobornos en cuestión.
Los principales países latinoamericanos implicados desde al menos 2003 hasta 2016, además de Brasil, son Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y Argentina.
Editor de Mundo de Los Tiempos.
Columnas de ALFREDO JIMÉNEZ PEREYRA
