Se dan cuenta

Cuando el Presidente, metido en el fuego de la campaña, dice que el 21F es una mentira, o acusa al rival que puede derrotarlo en las elecciones de “recibir dinero del narcotráfico”, se hace un daño grande como candidato. Mayor aún, tomando en cuenta que se trata de una candidatura impuesta por la fuerza.

Para empezar, porque esas dos afirmaciones no se la creen ni quienes las inventaron. En realidad, de todos los que pueden terminar por depositar su voto a favor del binomio masista, solo uno de cada tres, más que creerlo, es indiferente a si las afirmaciones de su candidato son ciertas o no, porque de todas maneras está decidido a apoyarlo sin preguntar; pero, los otros dos, que se encuentran en una zona gris de duda, se dan cuenta perfectamente de que esos dichos presidenciales son tan verdaderos como que el sol se mudará de domicilio si el candidato oficial pierde.

Esa mayor porción de los potenciales electores del oficialismo permanece inclinada a apoyar la tercera reelección, porque piensan que no queda más remedio. Después de la gran poda de votantes, que reflejó el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, el electorado del MAS ha estado goteando pérdidas y, en ciertos momentos, gruesos chorros de adherentes.

Los que quedan, suman cerca de la mitad del porcentaje que votó por el oficialismo en 2014 y, en su mayoría, están claramente conscientes de la degradación del proyecto que respaldaron, de los abusos, de la creciente ola de saqueos a las arcas públicas y de las verdades que se esconden y las mentiras que se propalan.

Mantienen su inclinación a apoyar, una vez más, a sus candidatos del pasado porque la incertidumbre de lo que puede pasar con un cambio se impone sobre su decepción y hasta su repugnancia. Las encuestas de los dos últimos años nos lo muestran con claridad, en el sentido de que la fortaleza que mantiene la confianza en quienes se la otorgan al régimen, anida en el área económica, donde se focalizó aquello que los electores perciben como su mejor desempeño, al compararlo con las gestiones gubernamentales previas, y como fuente de beneficios concretos.

Pero temer una modificación no significa, de manera alguna, que se engañen sobre las andanzas del régimen. Es posible, más bien, debido a que se dan cuenta de lo que pasa, que esperen alguna reciprocidad de los candidatos a los que piensan apoyar, por resignación, no por confianza. Esperan, mínimamente, que no se los crea o trate como tontos; suponen que su fidelidad o tolerancia merece, al menos, un gesto simbólico o un guiño de gratitud por recibir un respaldo que muchos de ellos están dudando en otorgar.

Por eso, cuando el candidato que, desde 2002 hasta hoy, les pide votos, de nuevo, y para conseguirlos se siente obligado a lanzar mentiras demasiado grandes, sencillamente intragables, dos de cada tres de esos electores pueden sentirse ofendidos y menospreciados. Por lo tanto, como candidato que necesita de cada voto, es una torpeza mayor agredir a los que pueden salvarlo, tratándolos de esa grosera forma.

No se trata de los votantes que en ningún caso lo apoyarán; o de los que ya perdió en 13 años de haberlos defraudado. Me refiero –una vez más– a la mayor parte de la fracción que en los sondeos, sigue afirmando que piensan votar por el MAS; pero que sienten crecer su inquietud con cada nueva revelación de negocios oscuros y derroches gubernamentales.

No les cabe duda de que el Gobierno perdió, clara e incuestionablemente, en el referendo constitucional de 2016 y es por eso que las encuestas muestran cifras del 70% y más de respuestas que expresan certeza sobre la ilegalidad de la nueva candidatura. También están conscientes de que las conexiones entre policías y criminales, que se descubren cada día, están bajo la responsabilidad de los gobernantes de hoy, no de otros.

Cuando Morales Ayma trata a sus potenciales electores como personas que no entienden la realidad y de las que puede burlarse, sin tregua ni castigo, camina sobre el filo de una navaja que puede cortar sus sueños, o delirios, de reelección perpetua; pese, incluso, al incondicional respaldo de sus servidores del TSE y el TCP.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.