Sin protección y con orden condicional

Nada tiene de nuevo que el ir y venir de las noticias haga sucumbir a lo importante frente a lo urgente y que, inclusive sin mediar intención o plan alguno, cuestiones centrales para todos queden sepultadas por la última novedad. Eso es lo que está pasando ahora, con el desenvolvimiento del fenomenal y estructural enredo que atrapa a una cantidad desconocida de jefes y oficiales de la Policía, implicados en relaciones con el representante o corresponsal de la empresa criminal más próspera del planeta, la italiana Ndrangheta.

Esta competidora y triunfadora por encima de la Cosa Nostra, o la Camorra, ha creado bases en nuestro país, por medio de la intermediación de uno de los “comandos” brasileños, exclusiva o principalmente, para el tráfico de cocaína, lo que apenas se ha descubierto prácticamente de manera casual, en las últimas semanas.

En este momento, casi todo se reduce al tironeo entre si los dos principales acusados permanecen detenidos en La Paz, o han de retornar a Santa Cruz, por razones de salud, o cualquier otra. A este martillar de solicitudes sobre la sede la detención, se ha agregado la dramática renuncia de un abogado defensor, porque piensa que su cliente afronta una complicación grave, eventualmente la muerte, si permanece en la sede de gobierno.

Las primeras planas o notas destacadas sobre estos incidentes han hecho prácticamente desaparecer una información fundamental, referida al tipo de conexiones internas entre unos jefes y oficiales, imputados, con otros. Hace menos de una quincena, varios diarios nacionales informaban que “el capitán Alberto Quiroga acusó a jefes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de haberlo engañado y utilizado para lograr la captura del narco Pedro Montenegro Paz, caso en el que luego fue implicado junto al mayor Miguel Saldaña”.

Prosigue, luego: “A mí me dieron muerte civil, me han tratado de vincular como si fuera parte de esta organización criminal, como si fuera narcotraficante. Al contrario, yo creo que sí he colaborado con mis superiores de la Felcn confiando en ellos, y ahora me siento engañado, utilizado, porque me han estigmatizado”. Y, sin dar nombres, aseguró que oficiales de la Felcn le ofrecieron 50.000 dólares para que proporcione datos que ayuden a la captura del narco (Montenegro).

Destaca, primero, que el capitán se considere usado y engañado para lo que se supone sería una obligación. Y resulta más enigmático que relate que se le ofreció dinero por la captura –que ya se ha producido– cuando, de acuerdo con la narrativa oficial, se esperaría que los sobornos tendrían que haberse ofrecido, o pagado, para que el perseguido no fuese capturado. Inclusive, si se tratara de un ajuste de cuentas interno, la eficacia de una orden legítima de aprehender un sospechoso tan importante, no requería ofrecimiento de alicientes ilegales.

La cantidad e importancia de los jefes y oficiales acusados de proteger la más importante conexión conocida de exportación de drogas ilegales, más las prácticas que ha denunciado el capitán “usado”, refuerzan la imagen de que la penetración y toma de control de la Policía boliviana ha alcanzado un grado excesivamente peligroso. Tal situación impone la necesidad de que se desvele toda la trama, porque importa una contaminación significativa del poder político, del cual la Policía es un instrumento, directo, en el caso de nuestro país.

El descalabro de la Policía no se limita a las conexiones criminales internacionales, y abarca desde el manejo de las órdenes de destino, el ingreso de nuevos aspirantes a oficiales y, recurrentemente, el desfalco de mutuales internas. Ese caos nos deja prácticamente sin protección y hace que las funciones de orden se manejen de manera completamente sectaria y partidizada.

Es indispensable que la sociedad civil y los medios no controlados se impongan una disciplina y una concentración informativa que permita seguir la trama central de los acontecimientos, porque la dispersión, la fugacidad y la banalidad de cuestiones laterales, ayudan a que todo se diluya y pierda en un torbellino de anécdotas inconexas e indescifrables. Dejar de lado esta obligación colectiva hará que los boquetes contra nuestras libertades y el funcionamiento democrático mismo, terminen completamente fuera de control, favoreciendo el crecimiento de la corrupción mayúscula y la impunidad total.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.