Un supremo en problemas
La revocación de las credenciales de magistrado de uno de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia es una señal mayor del descrédito y descalabro institucional del sistema de administración de justicia.
Esta circunstancia se produce al mismo tiempo del inicio de un proceso de reformas a la justicia que apunta incluso a “abrir la Constitución” y podría no ser una coincidencia, sino los primeros efectos de un sismo de magnitud en el esquema del poder judicial, marcado desde siempre de diversas taras, entre ellas la corrupción.
En efecto, un fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia del Beni ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejar sin efecto el nombramiento y posesión del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) elegido en ese departamento, tras disponer anular su candidatura en las elecciones judiciales de 2017.
Este no es el primero ni el único problema judicial que enfrenta el magistrado beniano suspendido, que ya era objeto investigación a propósito de un fraude electoral en los comicios mencionados. En junio del año pasado, el TSJ lo investigaba por un audio en el que se escucha a uno de sus familiares manipulando a autoridades judiciales para que contraten a determinadas empresas.
El caso del alto magistrado, que desde enero de 2018 conformaba el Tribunal que es “la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, cuya función es impartir justicia en materia civil, comercial, familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo y seguridad social, anticorrupción, penal y otras que señale la norma”, como se lee en su portal de Internet, no es el único.
La última expresidenta del TSJ, que dejó esas funciones, hace seis meses, debido a que la sala Plena “le retiró su confianza” fue denunciada, en diciembre de 2018, en el Ministerio Público de Tarija por un presunto cobro de 10.000 dólares a cambio de la asignación de un juzgado en esa capital. Obviamente, la denunciada negó la acusación.
Su predecesor en la presidencia del TSJ, también fue acusado, éste, por permitir la injerencia del Ejecutivo en el Órgano Judicial, y el anterior, en 2017, se declaró admirador del Presidente de ese entonces asegurando que solo él “puede hacer una verdadera revolución en el campo de la justicia”.
La lista de altos magistrados involucrados en actos oprobiosos es larga. Larga y antigua.
Y este último caso, que deja en el limbo la magistratura del Beni en el TSJ, fastidia a ese tribunal que advierte que esa situación puede generar “un escenario de inseguridad jurídica en el país y rechaza “cualquier intento de afectar la institucionalidad e independencia judicial”.
Al parecer, los magistrados tienen una idea muy particular de lo que es institucionalidad. Una idea que parece ignorar la urgencia de la emprendida reforma judicial.
