El Estado y el respeto a la leyes
La quema, hace una semana, de tres domos de un hotel instalado en un área del salar de Uyuni próxima al límite entre los departamentos de Potosí y Oruro tiene, sin duda, un efecto perjudicial significativo en lo que se refiere a la seguridad que brinda Bolivia a la inversión extranjera y a los turistas que deciden visitar el país.
Pero, además de sus consecuencias, la destrucción de esas edificaciones –propiedad de una empresa extranjera que perdió así medio millón de dólares–, los enfrentamientos entre comunarios orureños y potosinos y el conflicto que se desató entre las gobernaciones de ambos departamentos son la muestra más reciente de las falencias de las instancias del Estado, especialmente en lo que se refiere al respeto riguroso de las leyes.
Falencias, primero, en lo que respecta a las responsabilidades del Gobierno central sobre las reservas fiscales, pues todo el salar de Uyuni, “por Ley 2564 es una reserva fiscal y tiene coordenadas precisas, y al ser un recurso estratégico, el titular de la competencia exclusiva para la exploración, explotación, actividades turísticas y económicas es el nivel central del Estado; no tienen competencia ni las gobernaciones ni los municipios para poder ejercer competencia alguna”, como bien lo recordó hace pocos días un exministro de Autonomías.
Y todo lo que se refiere a las reservas fiscales, respecto de sus recursos naturales, es una de las “competencias exclusivas del nivel central del Estado”.
En ese marco, parece evidente que las instancias del Gobierno fallaron en el ejercicio de sus competencias, pues los domos del hotel en cuestión no aparecieron el día anterior a la intervención de los comunarios y su destrucción, pues ya estaba en funcionamiento desde hace más de dos años y con seguridad que su construcción demoró meses. Y todo ese tiempo, las instancias correspondientes de la administración central de Estado nada dijeron respecto del tema y menos de su adecuación a las leyes.
El Gobierno intervino sólo hace un par de días, convocando a los gobernadores de Oruro y Potosí para tratar el asunto, que ya es objeto de una denuncia en contra de los autores, cómplices y encubridores por los delitos de avasallamiento, asociación delictuosa y destrucción de bienes.
El propósito de la convocatoria del Gobierno es llegar a un acuerdo entre las partes en conflicto. Y aquí es preciso preguntarse por qué y para qué es necesario un acuerdo si las leyes y la Constitución Política son claras respecto a la calidad de reserva fiscal que tiene el salar de Uyuni.
Así, lo que se impone es el orden legal vigente, tanto para regularizar el hotel parcialmente destruido como para perseguir en justicia a quienes perpetraron la quema y avasallamiento de esas instalaciones.
