Las vacas sagradas de las tierras bajas

El ganado vacuno fue un elemento estratégico para la colonización de las tierras bajas de Bolivia. Los religiosos jesuitas Marbán, del Castillo y Barace en una carta de 1676 exponían que las reses no debían ser introducidas en esa región “hasta que estos bárbaros (los indígenas) hayan recibido la doctrina del Evangelio”, sostenían que el rebaño “les ha de servir de muy grande aliento para su conversión” (Correspondencia jesuita, 1679: 1976).

Un par de siglos más tarde, un poblador guaraní del Isoso, en Santa Cruz, cuya comunidad vio vacas por vez primera a mediados del siglo XIX, contaba que “la gente no sabía lo que eran (…) sorprendidos los viejitos, las viejitas decían que traían palos en su cabeza” (Combès, 2005). Los ejércitos de reses en las pampas moxeñas o los bosques chiquitanos y chaqueños trastocaron aspectos fundamentales de la vida cultural y agrícola indígena, comenzando por cómo devoraban sin límite sus cultivos de maíz (Cauthin, 2017) o como desaparecieron la hierba llamada kaipepë, con la que las mujeres guaraníes se pintaban el rostro en las fiestas rituales, (Ortiz, 2004).

La época “dorada” de la ganadería vendría a mediados del siglo XIX y a lo largo del siglo XX con la venta de carne al interior del país, mercado ligado al auge extractivo de la minería en tierras altas. Entonces surgió y se fortaleció la élite latifundista ganadera: familias de colonos criollos y extranjeros privilegiadas por políticas de ocupación y venta de tierras, además de captura libre de “ganado cerril” (Guiteras, 2011), que instalaron estancias y crearon corredores comerciales. El boom estaba asociado al comercio de ganado, carne y derivados (Healy, 1982), de hecho hacia 1900 Santa Cruz ya poseía tres curtiembres.

Fue en la década de los años 60 que los ganaderos formalizaron sus alianzas como sector, creando las Asociaciones de Ganaderos que ya en los 70 —durante la dictadura de Hugo Bánzer Suárez— cambiaron su estatus a federaciones. De esta manera se crearon las actuales y principales federaciones de ganaderos de Santa Cruz (1966) y Beni (1968), esta última fundada junto a la de Pando. En ese mismo lapso surgieron también la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en 1964, así como la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebú) creada en 1975.

Básicamente, el sistema corporativo ganadero latifundista se benefició de los privilegios que les dio la Reforma Agraria, a través de la inyección de capital estatal o privado para “modernizar” a la “feudal burguesía rural” (Aclo, 1979), devenidas, nominalmente, medianas y grandes empresas agropecuarias, mediante la vía ‘terrateniente’ o vía junker de desarrollo del capitalismo en la agricultura” (Ormachea, 2015).

Es así que en ese entonces logran créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Cooperación Japonesa (JICA), organizaciones Mundial y Panamericana de Salud (OPS/OMS), Organización Mundial de Alimentos (FAO), entre muchas otras fuentes que les financiaron infraestructura, como frigoríficos o mataderos, o repoblamiento de ganado (Fegasacruz, 1996). También fueron respaldados por créditos del estatal Banco Agrícola de Bolivia (BAB) durante los 70.

Sin embargo, para 1985 la cartera de mora del BAB a nivel nacional era de 31.980.982.680 (millones de pesos bolivianos), muchas de esas deudas no fueron recuperadas, generaron un problema de insolvencia y quiebre del BAB (Aclo, 1979). Una vez destruida la banca estatal agrícola, en Santa Cruz los ganaderos crearon el Fondo Ganadero con créditos del BM, acciones privadas (20%) y otra vez fondos mayoritarios de Cordecruz (80%). En 1990 se capitalizó y desahucio la iniciativa, así en 1994 este fondo pasó a convertirse en el actual Banco Ganadero con capitales privados.

Desde los años 80 el sector ganadero abanderó como consignas las cuotas de exportación hasta lograr su primer envío de carne a Perú en 1994. Ya en los años 90 se inicia el lobby para las excepciones tributarias: un régimen especial esencialmente proteccionista para actividades agropecuarias a gran escala: de 50 a 1.000 hectáreas (ha) agrícolas y de 500 a 10.000 ha pecuarias, evita el 8% de descuento por retenciones en mataderos/frigoríficos y centros de remate, exime de la presentación de facturas por venta de ganado, liquida todos los impuestos del Régimen General: IVA, IT, IUE y RCIVA en un solo pago anual; y aporta pruebas que pueden vincularse a la Función Económica Social (FES).

Hoy, el sector reivindica en su agenda más créditos, más protección jurídica sobre la tierra que ocupan, perdonazos sobre desmontes y quemas ilegales y nuevos mercados internacionales para el excedente de su producción cárnica que ya alcanza más de 20 mil toneladas. En definitiva, un sector cuya acumulación originaria fue la desposesión, al que el Estado le ha otorgado muchos privilegios desde su origen y al que a lo largo del tiempo se le ha cuestionado muy poco ¿acaso son las contemporáneas “vacas sagradas”?

La autora es investigadora socioambiental