Política y delito

Como van las cosas y después del espectáculo narcoalarmante que vivimos durante las últimas semanas parecería que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se ha convertido en la última barrera para impedir que las seis federaciones cocaleras del Chapare tomen el control total de esa cartera, el de la Policía y el de un Órgano Ejecutivo que en su afán de cortar amarras incómodas o de distinguirse de ciertos grupos parecería haber puesto el dedo en una peligrosa llaga.

El cruce de denuncias y audios entre los que debían ser responsables de la lucha antidrogas en Bolivia, sobre operativos frustrados en el trópico y otras sorpresas, deja en alarmante evidencia la absoluta fragilidad y permeabilidad de las instituciones a la abrumadora presencia del narcotráfico en el país, al extremo que parece confirmarse que estamos ante una batalla irremediablemente perdida frente a mafias que se pasean, en abierto desafío a la ley y sin ningún tipo de pudor, por los pasillos del poder.

La detención del exjefe antidroga Maximiliano Dávila fue el episodio que abrió una caja de pandora de secuelas político-policiales, cuyo desenlace está por verse. Lo que sí se vio fue la innegable tensión que este episodio produjo entre facciones dentro del partido de gobierno, pero sobre todo al interior de una institución policial que, a todas luces y en buena parte de su estructura, es absolutamente vulnerable a la corrupción.

La lista de policías detenidos o investigados por encubrir a narcotraficantes es cada vez más larga y, a este paso, es probable que sólo se conozca la punta del ovillo con el que se ha tejido una red que envuelve un aparato estatal ajustado de manera tal que se ha convertido en permisivo y tolerante con el delito.

Los grandes “golpes” recientes en aeródromos que servían de base para la exportación a países vecinos –con millonaria infraestructura– confirman que lo que conocemos por narcotráfico debería ser considerado en realidad como una gran corporación internacional que extiende su influencia a la mayor parte de los países del mundo y que, en el caso de Bolivia, consolidó relaciones con movimientos sociales no sólo vinculados al cultivo ilegal de hoja de coca, sino que desde hace más de una década han ido avanzando en el control de espacios en el Órgano Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa Plurinacional, al margen de ejercer influencia –hoy innegable– sobre instituciones como la Policía.

Que un expresidente tenga acceso a información de Inteligencia no es del todo raro y menos en el caso de Evo Morales, que con seguridad mantiene vínculos de lealtad con autoridades como las que le hicieron llegar “narcoaudios”, cuyo contenido comprometedor provocó la destitución de varios jefes policiales y la mayor crisis interna que le tocó enfrentar al presidente Luis Arce. Lo que sí es raro es que una exautoridad utilice este hecho para atacar al Gobierno del que forma parte y tomar venganza por insinuaciones sobre el inexplicable enriquecimiento de algunos dirigentes cocaleros.

No se trató de una crisis política ni de una controversia interna suscitada por la distribución de espacios tradicionales de poder y mucho menos de la disputa con una oposición adormecida hace tiempo, sino de un problema que tiene como fondo el espectro del narcotráfico. No se discute cómo se lucha contra el negocio ilícito, sino –a eso apunta Morales– quién tiene más culpa de facilitar las cosas a los delincuentes.

La firmeza con la que el Presidente ha defendido a su Ministro de Gobierno, incluso en medio del fragor de una guerra interna de semejante magnitud, podría entenderse como la expresión de una definición política para encarar el problema de la lucha contra el narcotráfico sin ningún tipo de condicionamiento interno y, de paso, empujar al resto de las organizaciones que forman parte del instrumento político a decir de qué lado están en este conflicto.

Luis Arce sabe que no puede gobernar con poderes paralelos que comprometen la estabilidad de su gestión y que la lealtad hacia Evo Morales tiene un límite que no pasa necesariamente por mirar hacia otro lado en caso de que se necesite investigar delitos que están en el radar no sólo de gobiernos como el de Estados Unidos, sino de otros organismos internacionales y países limítrofes con los que Bolivia necesita colaborar urgentemente en temas de seguridad.

A diferencia de otras épocas, cuando la lucha contra la corporación del crimen y la erradicación de coca ilegal parecía obedecer a la presión estadounidense, hoy se trata de un tema en el que la construcción de una narrativa de la defensa de la soberanía frente a la arremetida del “imperio” ya no tiene ninguna credibilidad ni efecto político. En otras palabras, la coca ya no genera líderes.

El Chapare se ha transformado en bastión exclusivo de un debilitado proyecto político, el de Morales, quien aparece hoy debajo del propio Presidente y de David Choquehuanca en la preferencia de la gente, pero la misma zona mantiene su ubicación en el radar del narco, como contribuyente en la cadena de producción de la materia prima para la droga. 

Morales tendría que reflexionar si su trascendencia histórica mantiene una dimensión nacional o si se restringe a una región del país que no ha dejado de estar nunca bajo sospecha.

Hasta ahora, este cuadro de tensión en el que convergen varios factores no ha generado la violencia que sacude a otros países, pero es innegable, como ya se ha visto, que dejó al descubierto, sobre el escenario, a protagonistas policiales y políticos que en las próximas semanas o meses tendrán que demostrar en los hechos su posición frente a un problema que estigmatiza al país desde hace ya muchos años.

En esa “obra” inconclusa el protagonismo del ministro Eduardo del Castillo no es menor y su permanencia en el cargo es hoy determinante para dilucidar un conflicto entre el poder del delito y el de la política.